El manifiesto establece que “las numerosas informaciones que aparecen estos días sobre determinadas actividades del Rey Juan Carlos I han excitado una proliferación de condenas sin el debido respeto a la presunción de inocencia”.
Tras afirmar que “si sus acciones pudieran ser merecedoras de reprobación lo decidirán los tribunales de Justicia”, destaca que “nunca se podrá borrar la labor del rey Juan Carlos en beneficio de la democracia y de la nación, so pena de una ingratitud social que nada bueno presagiaría del conjunto de la sociedad española”.
Aducen que “la bien llamada Transición española a la democracia constituyó un poderoso reforzamiento de la autoestima nacional y, al tiempo, un modelo admirado e imitado internacionalmente” en el que, dicen, “Juan Carlos I desempeñó en este proceso un papel determinante e imprescindible”, como se pudo observar el 23 F.
“Fue y sigue siendo cierto el haberle calificado como motor del cambio”, confirman.
La Monarquía parlamentaria, así como el conjunto de la Constitución de 1978 han propiciado, según el manifiesto, “una España moderna, con un sistema político, económico y social avanzado fraguado en la libertad, en la justicia y en la solidaridad”, por cuya continuación y perfeccionamiento los firmantes del escrito se comprometen en seguir trabajando, para que todos los españoles puedan seguir disfrutando del nivel de paz, de libertad y de bienestar social que hemos alcanzado.
Este manifiesto se dirige a “los ciudadanos españoles de todo origen, ideología o condición, así como a entidades públicas y privadas, responsables sociales y económicos, y está abierto a cuantos quieran adherirse al mismo en pro de la convivencia basada en el respeto mutuo y la libertad”.
Entre los firmantes, se encuentran los exministros socialistas Alfonso Guerra, Celestino Corbacho y Julián García Vargas; los exministros del PP Esperanza Aguirre, Josep Piqué, Rafael Catalá y Ana Pastor; y los exministros de UCD Marcelino Oreja y Rodolfo Martín Villa.