mil21 | Sábado 08 de agosto de 2020
El coordinador del Área Federal de Educación de IU, Enrique Díez, denuncia que la mayoría de comunidades autónomas afrontan el comienzo de curso “con una serie de protocolos que no modifican las condiciones preexistentes de masificación de las aulas, falta de espacios, excesiva carga lectiva del profesorado, burocratización y, en definitiva, falta de financiación para abordar las necesidades educativas”.
Izquierda Unida, a través de su Área Federal de Educación, exige a las administraciones autonómicas que “tengan listas, hagan públicas y detallen con profusión las inversiones necesarias para garantizar un curso escolar 2020-2021 seguro de principio a fin”. El coordinador del área, Enrique Díez, denuncia, sin embargo, que la mayoría de comunidades autónomas (CC.AA) afrontan el comienzo de curso “con una serie de protocolos que no modifican las condiciones preexistentes de masificación de las aulas, falta de espacios, excesiva carga lectiva del profesorado, burocratización y, en definitiva, falta de financiación para abordar las necesidades educativas”.
Díez recuerda que el acuerdo de vuelta a la enseñanza presencial -suscrito entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional y las CC.AA el pasado 11 de junio- renunció a establecer un marco normativo general sobre distancia de seguridad en las aulas optando por un criterio ‘flexible’.
“Como no se ha reducido la ratio, ni en la mayoría se ha contratado más profesorado para atender a grupos más pequeños y tampoco se dispone de espacio físico en los centros, la flexibilización de los criterios sanitarios para la enseñanza presencial ha dado lugar a que la mayoría de las comunidades autónomas en sus planes para el inicio de curso no establezcan distancia personal mínima, siempre que se use mascarilla”, afirma, al tiempo que destaca la “grave contradicción existente” entre las normas establecidas para los centros escolares y las normas sanitarias de cualquier espacio laboral o público.
El Área Federal de Educación de IU incide también en el hecho de que la responsabilidad para aplicar los protocolos sanitarios “recaiga en los equipos directivos, sin asesoramiento ni dirección de ningún responsable sanitario y, lo que es peor, sin el aumento del presupuesto ni de los recursos necesarios para asumir las nuevas responsabilidades”.
“En la práctica -expone Díez-, esto supone que estos planes no pueden aplicarse por no estar adaptados a la realidad, tal y como advierten desde hace tiempo distintas organizaciones de directores de centros escolares de las diferentes comunidades autónomas”.
El responsable de Educación de Izquierda Unida considera que la pandemia por el Covid-19 afecta de manera aún más importante a un sistema educativo público que arrastra años de recortes presupuestarios. “La actual situación debería ser una oportunidad para volver a la carga lectiva anterior a 2012, reforzar los equipos educativos, reducir la ratio y aumentar de manera importante la financiación. Pero la realidad es que la inversión en educación se pospone porque, en definitiva, no parece ser una prioridad y la escuela termina por aguantar y adaptarse a todo”, lamenta.
Advierte también del desamparo que sufren las familias, ya que “si la escuela, que sigue siendo la única solución que se plantea ante los problemas de conciliación, no constituye un entorno seguro se convertirá en un foco de contagio y de forma temprana se volverá a la situación de no presencialidad”.
Recuerda que durante la fase de confinamiento la atención de las necesidades escolares, compaginándolas con las propias obligaciones laborales, supuso una “enorme dificultad para muchas familias. A pesar de esta realidad, no vemos que las administraciones estén planteando medidas para el caso de que se vuelva a producir este escenario”.
Izquierda Unida denuncia que “tampoco se está abordando con rigor una posible vuelta a la situación de enseñanza por medios telemáticos. Durante el confinamiento del tercer trimestre la actividad educativa se sostuvo gracias al sacrificio y a los recursos del propio profesorado. Ante una vuelta la enseñanza telemática, las administraciones deberían estar en condiciones de asegurar que todo el alumnado dispone de los recursos necesarios para poder seguir las clases desde el primer momento y que el profesorado, además de tener una regulación del teletrabajo, goza de todas las garantías jurídicas en el tratamiento y la protección de los datos que maneja”.
El Área Federal de Educación de IU considera “necesario” que “se recupere la educación presencial, priorizando la atención del alumnado vulnerable, que es el que más ha sufrido con esta pandemia y que en su mayoría (82%) se encuentra en los centros públicos. Por eso exigimos que a los 1.600 millones de fondos covid se sumen las aportaciones necesarias por parte de las administraciones autonómicas para dotar a la educación pública de los recursos humanos y materiales que necesita para una vuelta segura a las aulas”.
La comunidad educativa prepara movilizaciones ante la situación de inseguridad y la falta de previsión de las administraciones educativas autonómicas de cara al inicio del nuevo curso. Ante ello, Izquierda Unida entiende que “no se puede obligar a nadie a elegir entre su derecho a la educación o sus derechos al trabajo y a la salud. Por ello, en el caso de que esta vuelta a clase no se haga en condiciones de seguridad, apoyaremos las movilizaciones que se convoquen para exigirlo”.
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