En una entrevista en RNE recogida por Servimedia, aseguró que el Rey debe explicar esas razones ante los ciudadanos, y debe informar del paradero del ex jefe del Estado así como de sus “condiciones de vida” y su repercusión en las arcas públicas.
Considera que se trata de algo propio de una democracia parlamentaria, que también hace que otras instituciones constitucionales, como el Defensor del Pueblo o el Fiscal General del Estado comparezcan periódicamente en el Parlamento.
Asens reconoció que la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, tiene razón cuando asegura que Juan Carlos I no está inmerso en ninguna causa judicial, no está imputado, y por tanto disfruta de sus derechos y libertades, entre los cuales está desplazarse y establecer su residencia donde quiera.
Sin embargo, con lo que se sabe sobre los presuntos delitos que puede haber cometido, lo que Asens no considera “normal” es que no tenga ya esa condición de imputado, porque si no fuera el ex jefe del Estado, asegura, ya se le habría retirado el pasaporte para impedirle la salida del país.
Considera que las circunstancias y el momento en el que se produce esa salida de España de Juan Carlos I hacen que ante la opinión pública se asemeje a “una fuga” y que ha habido un “acto de deslealtad” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante sus socios de Gobierno, al no informarles ni hacerles partícipes de esa decisión.
Considera “evidente” que Sánchez no tuvo la confianza suficiente como para compartir con sus socios una información que consideraba “delicada”, una “operación para salvar al soldado Felipe”, y a pesar de que se hayan podido “aclarar malentendidos” entre el propio presidente y el líder de Unidas Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, Asens cree que esas explicaciones se deben dar también ante los ciudadanos.
En respuesta a la carta que Sánchez ha enviado a la militancia del PSOE defendiendo la monarquía parlamentaria como elemento esencial de la Constitución, Asens precisó que ser leal a la Carta Magna también implica exigir transparencia a todas las instituciones y demostrar que “nadie está por encima de las leyes”.
Recordó que Sánchez se ha mostrado dispuesto a “revisar” ese pacto constitucional y el alcance de la inviolabilidad del jefe del Estado, y aseguró que ha sido la propia monarquía la que ya ha “roto” ese pacto constitucional que ahora hay que “recomponer”.
Con todo ello, su grupo parlamentario aboga por derogar el real decreto que reconoce a Juan Carlos I el título vitalicio de Rey, y limitar la inviolabilidad del jefe del Estado para que no pueda ser “una carta blanca para defraudar o delinquir”.