En rueda de prensa en Moncloa, tras la reunión del Consejo de Ministros, Montero señaló que quienes habitualmente visitan nuestro país saben que “una de nuestras principales fortalezas es la calidad de nuestro sistema sanitario público” y remarcó que en estos meses se han establecido protocolos de coordinación de actuación conjunta entre el ministerio de Sanidad y las CCAA para la prevención, el control, la anticipación, y la capacidad de respuesta con una Plan de Respuesta Temprana, que “están funcionando”. De hecho, apuntó que la mitad de los diagnosticados son personas asintomáticas.
“Los datos indican que mantenemos una buena situación en la mayor parte del país- apuntó Montero-, con CCAA que registran una baja incidencia acumulada de esta enfermedad que tiene menos presión en el entorno asistencial, algo que demuestra que se está haciendo un trabajo serio, tanto en la prevención como en la contención y en el control”, dijo. En cualquier caso, la portavoz del Gobierno volvió a apelar a la responsabilidad individual y a respetar todas las recomendaciones sanitarias para hacer frente al Covid.
Durante su comparecencia, Montero también se refirió a la celebración este viernes de la 15º Conferencia de Presidentes Autonómicos desde que se inició la pandemia, que tiene el propósito de “trabajar desde la unidad, la cooperación, con el máximo respeto al ámbito competencial y con un principios fundamental de defensa del estado de las autonomías que se define en nuestra Constitución”.
“En esta ocasión- explicó- el presidente del Gobierno va a analizar con los presidente eautonómicos la evolución sanitaria de la pandemia y también el histórico acuerdo alcanzado en el seno del Consejo Europeo”. Asimismo, anunció que es intención del jefe del Ejecutivo convocar con “periodicidad mensual” estas Conferencias de Presidentes con formato presencial o telemático en función de las materias.
También recordó la “importancia” de la comparecencia mañana de Pedro Sánchez ante el pleno del Congreso para dar cuenta del acuerdo europeo. “Estamos construyendo el país que queremos y tenemos que involucrar al conjunto de la sociedad española: a partidos políticos, sindicatos, empresarios y al conjunto de la ciudadanía. Todos tienen que apostar para que este empuje colectivo nos permita, a la mayor brevedad posible, recuperar nuestra cifra de crecimiento previo a la pandemia”, afirmó.
Por su parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguró que la pandemia en España “está en un escenario de control”, mediante dos grandes instrumentos: el Real Decreto de Nueva Normalidad y el Plan de Respuesta Temprana que se acordó con las CCAA, que “son instrumentos suficientes para mantener bajo control” la situación.
En este escenario, “corresponde a las CCAA un papel preminente para detectar los casos y para asilar y vigilar los casos asociados a esos brotes, “siempre con el apoyo del Gobierno de España”, remarcó. En este sentido, consideró que “las medidas que han tomado las CCAA son también suficientes”.
Illa anunció que tenemos 361 brotes activos, y la mayor parte de ellos están asociados a entornos familiares, espacios de ocio nocturno y a actividades laborales específicas, como la recogida de la fruta. Según destacó el ministro, un 64% de los nuevos casos que se detectan están situados en Cataluña y Aragón y un 60% son asintomáticos, lo que demuestra el trabajo de búsqueda activa de las CCAA, y se están realizando entre 40.000 y 45.000 PCR diarias.
En cuanto a la edad media de los afectados, informó que ha descendido hasta los 45 años, que la presión hospitalaria sigue siendo baja, con 215 personas en la UCI y que la cifra de fallecidos se mantiene en 6-7 personas en los ultimos 7 días.
Por último, el ministro de Sanidad afirmó que esperan que “en la primera mitad de 2021 habrá una o varias vacunas disponibles” y hasta entonces habrá que tener un comportamiento de convivencia con el virus, siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias.
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, informó sobre la evolución de la situación económica en nuestro país. Calviño explicó que tras la primera fase de resistencia, hemos pasado a la fase de reactivación económica con medidas para “sentar las bases de un crecimiento robusto el próximo año”, tales como el Fondo Covid, el apoyo a los ERTES, la prestación por cese de actividad de los autónomos, o avales a través del ICO. En total, estimo que “el impacto conjunto de estas medidas asciende a un 20% del PIB previsto para 2020”.
Calviño subrayó que la previsión del Gobierno y todos los indicadores disponibles apuntan a que la recuperación se producirá “en forma de V asimetrica”, con una “recuperación progresiva de la actividad a finales de abril”, aunque insistió en que “el perfil y la rapidez de esa recuperación dependerán de una serie de factores, el mas importante, la evolución de la epidemia en España y en el mundo, las necesarias respuestas en el ámbito sanitario, o las medidas de polítcia económica.
La vicepresidenta económica anunció que, dentro del Plan de Reactivación, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy una nueva línea de avales del ICO por importe de 8.000 M€, 5.000 de ellos reservados para PYMES y autónomos, orientados, no solo a avalar la liquidez de la empresas, sino a fomentar la inversión productiva. En total, se movilizarán 140.000M€ en avales y con la colaboración público-privada se pueden movilizar unos 200.000 M€ de liquidez e inversión, avanzó.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Programa de Reindustrialización y Fortalecimiento de la Competitividad Industrial 2020, conocido como Programa Reindus, dotado con 340,9 millones €.
También se ha dado luz verde a un Real Decreto con una línea de ayudas de 30 millones €, destinada a armadores y pescadores para financiar la paralización temporal de la actividad pesquera que tuvieron que afrontar a causa de la COVID-19 y se ha autorizado la contratación, por parte del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), del suministro de alimentos en el marco del Programa de ayuda alimentaria a las personas más desfavorecidas 2021, por un importe de 57 millones €.