La okupación de viviendas crece cada vez más en España. De hecho, en tan solo cinco años ha sufrido un aumento del 58%.
Las okupaciones cada vez son mas frecuentes en nuestro país. Solo en lo que llevamos de año, el Ministerio del Interior ha notificado 7.450, un 5 % más que el 2019. Cataluña continúa siendo la comunidad más afectada con el 22%, seguida de Andalucía en segunda posición. Galicia, Murcia y Comunidad Valenciana han sufrido un importante ascenso en okupaciones ilegales, todas ellas registran un incremento de más del 15%.
Se calcula que, actualmente, en España ya hay más de 100.000 propiedades usurpadas.
La situación actual preocupa mucho a nuestros vecinos, y más ahora que, en periodo vacacional, se trasladan a sus segundas viviendas, siendo muchas de ellas okupadas, generalmente, por grupos de inmigrantes ilegales.
La diputada de VOX en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha visitado a los propietarios y vecinos que sufren la permisividad del consenso progre ante los okupas que arrebatan los hogares de nuestros vecinos. Muchos de ellos afirman que sienten miedo cada vez que salen de sus casas.
Los vecinos denuncian la inseguridad en sus casas, y la inacción del Gobierno de Sánchez e Iglesias frente a este tipo de actos. A esto se suma la espiral de violencia callejera provocada por menores extranjeros no acompañados, tal y como denuncia la formación liderada por Santiago Abascal.
Por ello, VOX exige endurecer en la legislación con el objetivo de permitir a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado actuar de manera inmediata contra quienes cometen este tipo de prácticas delictivas. La formación también apuesta por penas de hasta cuatro años para los okupas y ampliar los derechos de los propietarios para garantizar la seguridad de la propiedad.
Desde VOX "reclamamos la deportación de los inmigrantes que se encuentren de manera irregular en nuestro país, así como aquellos legales que, siendo legales, hayan cometido delitos grave". Y, por último, señalan que "el Gobierno debe ofrecer seguridad, protección y justicia a los vecinos, actuando con el peso de la ley y garantizando el legítimo derecho de propiedad de los españoles, vulnerado por una legislación débil y complaciente con el delincuente".