Fue el PSOE, tras ganar por mayoría absoluta aquel 28-0 del 1982, quien acabó con la independencia del poder judicial. Y lo hizo con la reforma del poder judicial en 1985, y con la vergonzosa frase de Alfonso Guerra, aplaudida por todo el sector socialista: Montesquieu ha muerto.
Se refería a que finalizaba el periodo de los tres poderes independientes que caracterizaban nuestro sistema democrático emanado de la constitución de 1978. El poder judicial dejaba de ser independiente y el nombramiento de los altos cargos en la Justicia serían consensuados en las Cortes.
Empezaba pues el chalaneo de los partidos colocando a sus enchufados en el Consejo General del Poder Judicial, en el Tribunal Supremo, en el Constitucional…
Y se dio el bochornoso espectáculo de que, por presiones de Jordi Pujol, presidente de la Generalidad catalana, en 1994 se nombró al juez Pascual Estevil vocal del Consejo General.
Era de los llegados por el llamado cuarto turno, o profesionales de reconocido prestigio a los que el gobierno nombraba jueces.
Y que resultó ser un auténtico delincuente, como Pujol, claro, que chantajeaba y cobraba millones por sus servicios y en 1996 fue a la cárcel… junto con otro abogado amigo de mandatario catalán, por prevaricación continuada y detención ilegal.
Y cuando Rajoy hacía campaña para ganarle a Zapatero las elecciones, escuchamos a un Alberto Ruiz Gallardón, que sería su ministro de Justicia, afirmando que acabaría con "el obsceno espectáculo de los políticos que nombran a los jueces que han de juzgar a esos políticos".
Y el PP ganó las elecciones por mayoría absoluta y como estaban hasta el cuello de casos de corrupción pendientes en los diferentes juzgados, pues quisieron seguir teniendo atados a los jueces, como el Psoe, y Gallardón no hizo la reforma prometida que resucitaría a Montesquiu.
Ahora Pedro Sánchez necesita el apoyo de los populares para renovar y colocar a sus jueces en el Consejo General y en el Tribunal Constitucional… Quiere mayoría de jueces socialistas y podemitas, claro.