La orden se publica en un momento en el que se han recrudecido las diferencias entre feministas del PSOE y de Podemos con motivo del argumentario socialista que defiende que el sexo es un hecho biológico, insiste en la diferencia entre identidad sexual e identidad de género y considera que en el caso de las personas trans para que haya "efectos jurídicos plenos" tiene que darse una situación "estable" de transexualidad, tal y como se recoge en la ley que impulsó José Luis Rodríguez Zapatero.
Este asunto ha vuelto a poner en evidencia las diferencias en el movimiento feminista y entre el PSOE y Podemos, y también de las primeras con un sector del feminismo, como ya ocurrió con el debate del anteproyecto de Ley de Igualdad y con la Ley de Infancia.
En cualquier caso, el Consejo de Participación de las Personas LGTBI que crea el Ministerio de Igualdad persigue articular un espacio de participación y encuentro entre las distintas administraciones públicas, interlocutores sociales y organizaciones de la sociedad civil para dotar de mayor transparencia y eficacia a las políticas públicas destinadas a garantizar la igualdad de trato, no discriminación e inclusión social de las personas LGTBI, según se explica en la orden ministerial.
Trabajará en materias relacionadas con la igualdad de trato, la no discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género; y para reforzar la participación en todos los ámbitos de la sociedad de las personas LGTBI y sus familias.
Dependerá del Ministerio de Igualdad a través de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, elaborará un estudio anual sobre la situación de las políticas LGTBI, igualdad de trato y no discriminación y también canalizará propuestas, recomendaciones y observaciones relativas a aquellas iniciativas, planes y programas que puedan afectar a la integración social de las personas LGTBI inmigrantes, solicitantes de asilo o refugiadas, a iniciativa propia o cuando le sean requeridos por los órganos competentes de la Administración General del Estado, entre otros cometidos.
La persona que ocupe la presidencia del Consejo la nombrará la ministra y en él habrá representantes de varios ministerios, dos vocalías representarán a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, otra a las entidades locales y otras a las universidades, las organizaciones empresariales, los sindicatos, las fundaciones, organizaciones, asociaciones, federaciones o confederaciones del ámbito LGTBI.