Segunda parte de este 'atraco de guante blanco' acaecido en la Diputación de Almería, del que dieron cuenta a la Fiscalía Carolina Gutiérrez Marín, Eva Amalía Liria, Manuel Cantón González, José Nicolas González y Arturo Ruiz Alarcón en su propio nombre y en representación de la AMAyT, por los supuestos delitos de prevaricación y falsedad documental, entre otros.
La denuncia expone los pagos realizados por la Diputación a favor de terceras empresas por importes de gran cantidad como consecuencia de supuestos servicios prestados a ésta institución que la misma entendió que no obedecían a la realidad ni existía por lo tanto derecho a su cobro.
"Las resoluciones que han acordado el pago de unas facturas que por parte de los órganos auditores habían sido cuestionadas, suponen la adopción de un acuerdo a sabiendas de su ilegitimidad y en contra de los intereses de la Administración para enriquecimiento de terceras empresas. Quienes, como oposición, habían manifestado su total oposición a estos pagos, al llegar al Gobierno de dicho Órgano igualmente han optado ir contra sus propios actos e igualmente abonar cantidades que se entendían no correspondían a ningún servicio prestado. Casualmente se trata de pagos realizados a empresas de comunicación donde la Diputación desarrolla un importante papel de publicidad por lo que podría entenderse esta decisión como un “supuesto favor” a cambio de un trato especial a ésta, adoptando acuerdos manifiestamente ilegales y mediando incluso la falsificación de la firma", reza el documento.
AMAyT considera que son muchas las irregularidades que se detectan en el expediente para la aprobación del Reconocimiento de Deuda Extrajudicial que el Dictamen de la Comisión Informativa y de Seguimiento de Presidencia y Hacienda, Personal, Régimen Interior y Administración Local, de fecha 21 de febrero de 2011, dio como resultado desfavorable, al votar favor tan solo el PSOE y en contra PP, IU, mientras que el PAL se abstuvo.
Por otro lado, AMAyT señala como "anecdótico o casual" que la empresa esté vinculada directamente a cuatro personas, "que ya han de ser más que conocidas por esa fiscalía, los Sres: Juan Fernando Ortega Paniagua, Francisco Juárez Noguerol, Cecilio Guillen y José Antonio Cantón Mira".
"En relación a la facturación de Publicidad Institucional (lo subraya exproceso el Sr. Interventor) queremos llamar la atención sobre la facturación efectuada por los distintos medios de comunicación de la provincia, que en su conjunto, superan los límites de la contratación menor, gestionados mediante relaciones de facturas de cuantía menor, que implican relaciones patrimoniales de tracto sucesivo que en todo caso deberían ser objeto del correspondiente expediente de contratación".
Y recuerdan que, con la entrada en vigor de la LAULA, "los 'GASTOS NO OBLIGATORIOS', que vienen soportando la Diputación, contribuyen a aumentar las dificultades financieras de la misma y que detraer estos recursos que no son de estricta competencia de la Diputación pueden dar lugar a la falta de medios para poder atender gastos obligatorios".
Por último, AMAyT considera demostrado "el desprecio por lo público, de la trasgresión de la Ley de contratos de la Administración Pública, del derroche de los dineros públicos y la falta o ausencia de los mínimos criterios de moralidad, ética y profesionalidad".
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