La denuncia procede de un profesor del Conservatorio Profesional de Música de Vigo, entidad dependiente de la Junta de Galicia.
El profesor señala también el hecho de que la administración educativa haya contratado los servicios de una empresa privada para evaluar y auditar labores que podrían ser cumplidas por el cuerpo de inspectores.
Todo comenzó con un acta en castellano, siéndole posteriormente exigido el uso del gallego en la redacción de los documentos escritos que realizara.
El profesor, tras sucesivos recursos y escritos a las administraciones, tachó de “atropello” a sus derechos esta situación. Solicitó aclaraciones que se demoraron meses y que venían a confirmar lo esperado: la lengua de la administración educativa habría de ser el gallego en cualquier caso.
En vista de la demora, la atención y la unanimidad en las respuestas que recibía por parte de las instituciones gallegas, decidió acudir al Defensor del Pueblo, que aceptó su queja y requirió a Consejería de Educación un informe pidiendo explicaciones sobre el asunto, pero no respondieron.
Según hemos podido saber recientemente gracias a Hablamos Español, el 23 de junio se celebrará un juicio el que el profesor del Conservatorio de Música en Vigo sentará en el banquillo al gobierno gallego.
“Si se gana este juicio podríamos conseguir que la Xunta no pueda prohibir el uso del español de esta manera”; “contribuirá a oxigenar esta opresión lingüística que padecemos en Galicia y otras comunidades autónomas de España”, apuntan desde la organización.