Hay que destacar que las ejecuciones estaban programadas para diciembre pero sus defensas presentaron recursos, y aunque todavía falta que se pronuncie uno de los tribunales, la primera ejecución ha sido fijada: "El pueblo americano, actuando a través del Congreso y de los presidentes de los dos partidos políticos, ha dado instrucciones desde hace tiempo para que los acusados condenados por los crímenes más atroces sean sometidos a pena de muerte", sostiene el fiscal general, en un comunicado.
Barr considera que los cuatro "asesinos" han tenido unos procesos "completos y justos" de acuerdo con la Constitución y la legislación norteamericana: "Les debemos a las víctimas de estos horribles crímenes y a sus familias que se cumpla la sentencia impuesta por nuestro sistema de justicia".
Las ejecuciones quedaron fijadas para que se llevaran a cabo en una prisión del estado de Indiana pero cuatro de los cinco presos presentaron recursos para parar la aplicación de la pena capital. Los abogados de los condenados argumentaron que la adenda de Barr viola la Ley Federal de Pena de Muerte de 1994, que establece que los reos deben ser ejecutados "de la forma prescrita por la legislación del estado en el que se dictó la sentencia".
El Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC decidió en abril permitir que el Gobierno siguiera adelante con la aplicación de la pena capital, algo que ha apoyado Trump: "Siempre he apoyado la pena de muerte", afirmó en 2016, y aseguró que "no entiendo por qué hay personas que no lo hacen".
"Los traficantes de drogas matan a tantos miles de nuestros ciudadanos cada año", señaló, y es que, según la Conferencia Nacional de Congresos Estatales de Estados Unidos, 28 estados siguen teniendo en su ordenamiento jurídico la aplicación de la pena capital.