Para el fiscal lo “significativo” es que después del incumplimiento de varias resoluciones judiciales para evitar la celebración del referéndum, Trapero planeara “de oficio” una actuación de semejante calado “cuando nadie se lo pide”.
En una intervención de dos horas y media, el representante del Ministerio Público encontró sospechoso que no se conociera dicho plan hasta el momento de su declaración como testigo en el juicio contra los líderes independentistas celebrado en el Supremo. Es en ese momento, dijo, cuando Trapero “se viene arriba y dice que tenía un plan”.
Carballo apuntaló su desconfianza en el hecho de que “el único papel que debería de existir con los turnos de los Mossos que tenían que intervenir resulta que se destruye". "¿Por qué se destruye? ¿O es que no existió nunca?”, se preguntó ante el tribunal. A su entender, Trapero intentó mantener durante el 'procés' una apariencia de obediencia a las leyes y a las órdenes judiciales, cuando en realidad su actuación fue de una “tibieza e inactividad” que delataban su falta de voluntad de “impedir el referéndum”. Con todo, Carballo insistió en que este juicio “no ha sido contra los Mossos d'Esquadra”.
Este lunes se celebra la primera de las tres sesiones finales de este juicio en el que se escucharán las conclusiones de la acusación y las defensas. La Fiscalía ha modificado sus conclusiones y propone condenar a Trapero, al ex director general del cuerpo policial Pere Soler y al exsecretario de la Conselleria de Interior César Puig por sedición, renunciando a calificar los hechos como rebelión en consonancia con la sentencia del Tribunal Supremo contra los dirigentes independentistas por el 'procés'.
Además, el Ministerio Público ha dejado la puerta abierta a la posibilidad de que el tribunal condene a los acusados de manera alternativa por un delito de desobediencia que permitiría que ninguno de ellos recibiera una pena de prisión, ya que el Código Penal lo castiga con penas de multa e inhabilitación.
Al inicio del juicio, el fiscal pedía 11 años de cárcel para cada uno de ellos, propuesta que ha reducido en un año, para los tres principales acusados. En caso de ser condenado por desobediencia, la petición es de un año y ocho meses de inhabilitación para cargo público y multa de 60.000 euros. Para la intendente Teresa Laplana, la Fiscalía pide cuatro años por sedición y también plantea la alternativa de desobediencia con un año de inhabilitación y multa de 30.000 euros.
Según expuso el fiscal en sus conclusiones finales, la actuación de los máximos responsables de la policía autonómica se centró durante el otoño de 2017 en “aparentar” su sometimiento a las órdenes del fiscal y los jueces pese a lo cual no hubo en ningún momento “una actuación contundente” dirigida a impedir la celebración del referéndum del 1-O.
Explicó que durante los días previos y en la jornada de votación los Mossos hicieron gala de “una tibieza e inactividad” acompañada de la “elaboraron planes ineficaces y seguimientos a la Guardia Civil… Todo, menos a impedir el referéndum” porque “no había ningún deseo real” de evitarlo.
Entiende la Fiscalía que los mandos de los Mossos usan como “excusa” para no actuar el argumento de que su prioridad era cumplir las órdenes judiciales con “proporcionalidad” y con el objetivo de “preservar la paz social”. Este argumento ha sido “un mantra durante todo el juicio” para justificar la inacción frente al referéndum y respaldar la “apariencia de cumplimiento de las resoluciones judiciales”.
Según el Ministerio Público, la actuación de los Mossos "fue básica para dar apariencia institucional y de ejercicio de un derecho democrático al 1-O”. Carbajo fue desgranando cada uno de los hechos sucedidos durante el 'procés' y reprochó a Trapero que no cumpliera las órdenes judiciales de cerrar los colegios y en cambio elaborara un plan para detener al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, cuando “nadie se lo pidió”. "Es curiosa tanta pasividad ante el referéndum y que nos diga después que estaba dispuesto a detener a Puigdemont", dijo el fiscal.
Duda el Ministerio Público de lo declarado en el juicio por Trapero, al afirmar que "sintió cierta incomodidad" al conocer los planes del Govern de celebrar una consulta soberanista y preguntó "¿Qué hizo para no sentirse incómodo?", tras recordar que varios miembros del gabinete de Puigdemont dimitieron en desacuerdo con sus decisiones.
La Fiscalía sostuvo, en suma, su petición para que se condene por sedición a la excúpula de los Mossos por no impedir de forma "consciente" y "voluntaria" el referéndum independentista ilegal del 1 de octubre de 2017.
En relación a los hechos ocurridos el 20 de septiembre ante las puertas de la Consellería de Economía, el Ministerio Público sostiene que allí se produjo "una consciente dejación del orden público hasta permitir que la situación deviniera imposible y quedase en manos de una violencia tumultuaria, una multitud alzada dirigida a impedir el cumplimiento del mandato judicial" y con intención de aparentar de manera “cínica” el sometimiento a las órdenes del juez.