Los eurodiputados de Izquierda Unida Sira Rego y Manu Pineda han solicitado a la Comisión Europea que elabore, en colaboración con la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE, un protocolo riguroso para evitar que se repitan muertes como la del joven marroquí Iliass Tahiri en julio del año pasado en el Centro de Menores de Tierras de Oria (Almería).
Ambos parlamentarios vuelven a llevar este caso a Bruselas, después de que un medio de comunicación publicara el vídeo del momento en el que el chico fue reducido por seis guardas jurados, causándole graves lesiones, y que desmonta la versión inicial, en la que se aseguraba que se aplicaron con tanta dureza porque había opuesto resistencia.
El caso de Iliass Tahiri se archivó en enero de este año tras una investigación, al considerarse lo sucedido como una “muerte violenta accidental”. Sin embargo, las imágenes publicadas dejan entrever que el brutal protocolo de contención aplicado al joven pudo ser clave en su fallecimiento. Según el informe del forense – reflejado en la carta de Rego y Pineda – el cuerpo sin vida de Iliass Tahiri presentaba un “gran edema agudo de pulmón, congestión y numerosas esquimosis de Tardieu [manchas asociadas a la sofocación, la asfixia y la anoxia]”.
“Estas prácticas, a todas luces incompatibles con los artículos 3 y 4 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales sobre el respeto a la integridad y la prohibición de la tortura y otros tratos inhumanos o degradantes, hacen evidente la necesidad de actuación por parte de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE (FRA)”, señalan los eurodiputados, que piden a su director, Michael O’Flaherty, “la elaboración de un estudio para dilucidar hasta qué punto se dan estas prácticas en otros Estados miembros y proponer recomendaciones para su erradicación urgente”.
Rego y Pineda relatan otros casos de denuncias y abusos en centros similares en varios países de la UE e instan al comisario de Justicia, Didier Reynders, a aplicar “una serie de recomendaciones concretas que acaben reflejadas en una legislación europea garantista” que impida que hechos como este vuelvan a repetirse.
Rego denunció el caso Tahiri en una pregunta parlamentaria a la Comisión en septiembre del año pasado, cuando se conoció la muerte del joven marroquí. En su respuesta, Reynders descargaba la responsabilidad de la gestión de los centros de menores y, en general de todos los centros de detención, en los Estados miembros.
También aseguraba que “las condiciones penitenciarias son atentamente supervisadas por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT), fundado por el Consejo de Europa”.
Pero no parece que esa supervisión tenga una traducción efectiva en la mejora de las condiciones de este tipo de centros. En un informe de 2017, el CPT mostraba su preocupación por la “sujeción mecánica” a la que se somete a los internos en Tierras de Oria: “Se les sujetaba a una cama, boca abajo, con los tobillos y muñecas (y a veces el torso) atados a los lados de la cama con correas […]los menores no podían utilizar el baño mientras estaban sujetos (a pesar de pedirlo) y en algunos casos se veían obligados a orinarse encima. El CPT considera que, tal como se describe en el informe, el uso de medios de sujeción podría considerarse trato degradante o inhumano y recomienda que las autoridades pongan fin a esta práctica”.
El centro de Almería está gestionado por la Asociación para la Gestión de la Integración Social, responsable de otros cuatro recintos de las mismas características que acumulan denuncias, incidentes y en los que se han producido más muertes.
En 2012, la Junta de Andalucía abrió expediente al Tierras de Oria después de que un joven denunciase una agresión por parte de su coordinador. Un año antes, el Defensor del Pueblo reflejó en un informe estas malas prácticas tras recibir hasta cinco expedientes de queja por algunos castigos aplicados por los responsables de vigilar a los menores.
En 2015 la Fiscalía actuó de oficio tras la publicación de un vídeo en el que se podía ver a dos menores atados a sus camas. Práctica descrita dos años después en el informe del CPT ya mencionado.