Los pronósticos divulgados por el organismo este miércoles y que suponen las primeras proyecciones tras una parálisis de la actividad que ha llegado a hacer caer la actividad en algunos países de la OCDE entre un 20 y 30% por las restricciones fijadas para evitar la propagación del virus, sitúan a España entre las economías más impactadas por el shock.
Junto a ellas se situaría Francia, con un retroceso de entre el 11,4 y 14,1%, en función de que exista o no ese segundo brote; Italia, con una caída del 11,3-14%, y Reino Unido, donde augura una horquilla de entre el 11,5 y 14%; mientras que en Alemania oscilaría entre un 6,6 y 8,8%, Estados Unidos del 7,3 al 8,5%.
En ninguno de los restantes países prevé retrocesos de dos dígitos en el escenario de una enfermedad ya controlada, siendo además su pronóstico de impacto inferior al 12% en todos los casos de repetirse la expansión del contagio. Por grandes geografías, su estimación es que en el conjunto del mundo la disminución del PIB oscilaría entre el 6 y 7,6% bajo ambos escenarios; en la zona euro oscilaría entre el 9,1 y el 11,5% y en el grupo del G20 se movería entre el 5,7 y 7,3%.
CAÍDA CERCANA AL 30% DE LA ACTIVIDAD
En el caso de España la OCDE recuerda que el PIB real cayó ya un 5,2% en el primer trimestre, “impulsado por un colapso de la demanda interna” y estima que la actividad puede haber disminuido “alrededor de un 30% durante el bloqueo, en relación con un período normal, dada la alta proporción de servicios de alojamiento y alimentación y el comercio mayorista y minorista en la economía”.
Para su estimación tiene en consideración que la confianza del consumidor y las nuevas matriculaciones de automóviles retrocedieron en marzo y abril, al tiempo que la afluencia de turistas internacionales colapsó un 64% en marzo y el comercio minorista “registró su mayor caída en la historia” en dicho mes.
Sin embargo, reconoce que hay ya algunos indicadores tempranos “de repunte económico” ahora que las medidas de confinamiento se han aliviado como las afiliaciones a la Seguridad Social, que tras caer en 760.082 entre el 12 de marzo y finales de mayo, han vuelto a aumentar en mayo frente a abril.
La OCDE valora que la respuesta política ha sido “extensa” con soluciones laborales a corto plazo, como las prestaciones por cese de actividad a autónomos, considerar enfermedad a los trabajadores infectados o en cuarentena, o los ERTE, junto a las ayudas para encarar los alquileres y otros préstamos, como las moratorias, la creación del ingreso mínimo garantizado y los aplazamientos a la Seguridad Social y tributarios, además de los avales del ICO.
En su opinión, la caída histórica de la actividad vendrá seguida “por una recuperación gradual”, pero donde el saldo final de ejercicio supondrá una contratación de entre el 11,1 y el 14,4%, según haya o no un segundo brote al final de año. La recuperación será superior, del 7,5% con un único golpe y del 5% en caso de mayor contracción, por “los efectos más persistentes en los mercados laborales y la situación financiera de las empresas y los hogares”.
“En ambos escenarios, la caída de la demanda interna, debido a la destrucción del empleo y el cierre de la actividad, es la clave conductora de la contracción”, refiere la OCDE, que reconoce que el desplome de la demanda externa, especialmente en los servicios turísticos, también pesará “fuertemente” en la economía.
PARO PRÓXIMO AL 22%
Conforme a sus estimaciones el paro puede llegar a subir en una horquilla de entre el 19,2 y 20,1% este año. Si la crisis se prolonga por un segundo brote cree que volverá a avanzar al 21,9% el próximo ejercicio, mientras que en el escenario más benigno ve ya una reducción al 18,7% para entonces.
La situación económica pasará factura especialmente en el consumo privado, donde prevé una contracción de hasta el 17,3% en el peor caso, para rebotar el próximo año entre un 9,7 y 7,1% en función de la existencia de mayores incertidumbres o no asociadas a una enfermedad controlada o con doble expansión.
La reactivación será impulsada precisamente a su juicio por el consumo y la inversión pospuestos, aunque la mayor incertidumbre y la alta participación del turismo en el PIB “silenciarán la velocidad de recuperación”. Si hubiera un segundo brote advierte de que los efectos negativos sobre la actividad “serán más graves y persistentes, debido a un mayor número de insolvencias y períodos de desempleo más largos”, a pesar de las medidas aprobadas por el Gobierno para apoyar al empleo.
Los gastos asociados a las medidas provocarán a su juicio que el peso de la deuda pública se dispare a un valor equivalente al 117,8% del PIB en el escenario más benévolo y al 129,5% en el escenario de doble golpe, y advierte que una mayor incertidumbre, junto a los efectos más persistentes en la solvencia de los hogares y las empresas “podrían restringir la recuperación en la demanda interna más de lo previsto”.
En términos de déficit baraja una horquilla de entre el 10,3 y 12,5% para este año, y su reducción posterior al 6,2-9,6% en función de la gravedad de la crisis sanitaria.
La OCDE valora las medidas adoptadas por el Gobierno y cree que algunas “deberán continuarse y refinarse para reducir el riesgo de que el shock se convierte en un efecto más permanente en la actividad”. Entre ellas aboga por mantener el apoyo gradual de esquemas de trabajo a corto plazo y políticas activas más fuertes del mercado laboral para “asegurar una reasignación eficiente de la mano de obra de sectores que enfrentan una demanda débil extendida” a media que se avance en la desescalada.
A su juicio se pueden justificar además políticas adicionales para relanzar el sector turístico en coordinación y cooperación entre los distintos niveles del gobierno y el sector privado, y aconseja mantener ayudas adicionales de liquidez y garantías públicas, pero enfocadas en negocios solventes con problemas de flujo de efectivo “para reducir la tasa de insolvencias”. “De lo contrario –advierte- se puede crear un ciclo de retroalimentación adversa entre la economía real y financiera”.
En paralelo recomienda que se establezca una “estrecha” supervisión de las entidades financieras individuales, dada la considerable heterogeneidad en sus exposiciones sectoriales y geográficas, y ante el potencial auge de las insolvencias.
Por otro lado, anima a impulsar temporalmente la inversión pública temporal con un enfoque específico en la inversión verde, en la creencia de que “ayudaría a impulsar la recuperación y reducir el aire contaminación, que está por encima de los promedios europeos, en las principales ciudades”.