El Tribunal de La Haya deberá decidir ahora si procede abrir una investigación contra el jefe del Ejecutivo español, algo que ya ocurrió con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, del que recibieron un escrito por los mismos delitos en relación a la gestión del coronavirus.
La asociación repasa en su denuncia de forma cronológica las decisiones adoptadas por el Gobierno de España desde que en enero se dieron los primeros casos en el continente europeo y hasta que se decretó el estado de alarma el 14 de marzo.
"Durante todo ese tiempo, un tiempo que podría haber evitado miles de muertes, el propio Gobierno permitió que todos los vuelos internacionales entraran y salieran del territorio español, incluidos los que vinieron de China, Italia y otros países del mundo, donde ya se conocía la gravedad de la pandemia", reza el texto.
Sánchez y el resto del Ejecutivo no solo no habrían tomado las medidas adecuadas, sino que tuvieron "el propósito de minimizar la gravedad de COVID-19 y alentar actividades que solo podrían resultar en la propagación rápida e incontrolada de este virus mortal".
"Al hacerlo, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, como jefe del Gobierno, ha violado por sus actos y sus omisiones el Artículo 7 del Estatuto de Roma", defiende la denuncia, que eleva los hechos a crímenes de lesa Humanidad de acuerdo a las proyecciones de la OMS con un número de víctimas que "podría llegar a 50.000 si se contaran correctamente".
"La peor negligencia tuvo lugar el 8 de marzo de 2020, donde es el propio gobierno el que permite y alienta una manifestación para el Día de la Mujer Trabajadora, a la que asisten, solo en la ciudad de Madrid (la ciudad con el mayor número de infecciones en España) 120.000 personas", apunta.
Por otro lado, no se olvida de la falta de material sanitario, lo que habría llevado a un mayor número de contagios por parte de los profesionales del sector: "España ya era el país con más muertes por millón de habitantes, superando a Italia [...] y es uno de los países del mundo con más personal médico contagiado de coronavirus como consecuencia de no disponer de los materiales de protección necesarios para no infectarse".
"Ni siquiera había personal de salud disponible para ayudar a los residentes de geriátricos. Sus cuerpos fueron incinerados también sin la presencia de familiares, y hasta la fecha, muchas familias ni siquiera tienen los restos de sus seres queridos. El ejército español finalmente fue enviado a las residencias de todo el país para ayudar e inspeccionar y en muchos casos encontraron a personas mayores compartiendo habitaciones con cadáveres", reclama la asociación.
"No se discute que el COVID-19 tiene una tasa de mortalidad del 2 al 4% en general", reconocen, aunque "la mala gestión, la deficiencia en una rápida toma de decisiones por parte del presidente y especialmente la falta de medios, han causado más muertes en España".
"Si el presidente hubiese declarado el estado de alarma al final de febrero y no en marzo, más del 70% de las infecciones y muertes se podrían haber evitado", afirman, por lo que entiende que "la demora del gobierno, del presidente de España, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, su demora en la actuación, incluso al estar al tanto de toda la información de la OMS, al ver la cantidad de infecciones en la vecina Italia, ha provocado decenas de miles de muertes, lo que no habría ocurrido habiendo actuado diligentemente", concluye.