Entiende el fiscal que el jefe de la policía autonómica incurrió en “inacción” durante el otoño de 2017 y no puso todos los medios para evitar el referéndum que había sido prohibido por el Tribunal Constitucional.
El juicio contra la cúpula de los Mossos se suspendió el 13 de marzo con motivo del decreto del estado de alarma. En este juicio están acusados además de Trapero, el exsecretario general de Interior de la Generalitat César Puig; el director general de los Mossos, Pere Soler, y la intendente Teresa Laplana.
En una breve sesión en la que todos los miembros del tribunal y demás asistentes han estado con mascarillas y respetando la distancia interpersonal, el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, anunció la modificación de sus conclusiones para orillar la acusación por rebelión y las elevó a definitivas, en consonancia con las condenas a los líderes políticos del 'procés' que fueron por sedición.
Esta modificación supone una escasa rebaja de la petición de la fiscalía que solicitaba 11 años por rebelión y cuatro para la intendente, para la que sigue solicitando la misma pena pese al cambio de calificación. Las defensas elevarán a definitivos sus escritos el próximo 15 de junio, pero la abogada de Trapero y Laplana ya ha adelantado que solicitará la absolución.
En caso de que el tribunal no vea pruebas suficientes para condenar a los acusados por sedición, el Ministerio Público contempla una posible condena por desobediencia, mucho más leve y que no conlleva penas de prisión.
Si fuera así, la Fiscalía propone una pena de multa de 10 meses a razón de 200 euros diarios (60.000 euros) e inhabilitación especial de un año y ocho meses para Trapero, Soler y Puig y cinco meses de multa de 200 euros (30.000 euros) e igual tiempo de inhabilitación para Laplana.
El delito de rebelión por atentar contra el orden constitucional es más grave que el de sedición, relativo a las infracciones contra el orden público, pese a ello, la rebaja de petición de pena formulada por el fiscal es mínima al pasar de los 11 años, que pedía en un principio por el primero de los delitos, a 10 años.
El argumento del Ministerio Público se basa en que Trapero y los responsables políticos de los Mossos actuaron como autoridad durante el otoño de 2017 y, por tanto, sería coherente solicitar mayor pena que la que el Tribunal Supremo impuso a los líderes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, de nueve años, por igual delito y sin ostentar ellos cargo público alguno.
Insiste en que los acusados desoyeron las instrucciones del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la prohibición de celebrar el referéndum del 1-O hecha por el Constitucional, “vulnerando su especial obligación de acatar la Constitución como norma fundamental del Estado” y dando “cobertura efectiva a las actuaciones de una parte de la población catalana movilizada desde las instituciones autonómicas y las asociaciones independentistas”.
Entiende, además, el Ministerio Público que el papel de los Mossos fue especialmente importante en todo el proceso soberanista porque “su capacidad investigadora e intimidatoria al servicio de la organización y de los fines independentistas fue imprescindible para proteger las acciones dirigidas a la celebración del referéndum”.
Sostiene la Fiscalía los argumentos de que los Mossos tuvieron un papel obstruccionista que incluyó los seguimientos a agentes de Policía y Guardia Civil y la falta de voluntad de cumplir con la orden de impedir el referéndum. A su juicio, esa función quedaba reflejada en el documento 'Enfocats', que destacaba la importancia del cuerpo policial autonómico en el proceso soberanista.
El juicio continuará el próximo día 15 en la sede que tiene la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. En esa sesión, el Fiscal defenderá su informe final. Los días 16 y 17 de junio están reservados a los informes de las defensas y la última palabra de los acusados.
El Ministerio Público entiende que cada uno de los acusados desempeñaba un papel concreto en esa estructura. Así, Puig alertaba de la actuación de los otros cuerpos policiales y facilitaba información a los impulsores del proceso; Soler daba cobertura y protección a las personas implicadas en la organización del referéndum, y Trapero "diseñó de forma deliberada unos mecanismos de actuación que impidieron que los agentes de los Mossos d'Esquadra pudieran cumplir con las instrucciones dadas".
Durante el juicio, los dos testigos más contundentes y críticos respecto a la actuación de Trapero fueron el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos que coordinó el operativo policial para impedir el 1-O, y el teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Baena, como investigador principal del 'procés'.
Pérez de los Cobos afirmó que el mayor estaba claramente "alineado" con Puigdemont para lograr que la votación se llevara a cabo y su subordinado insistió en que la función de Trapero durante el 'procés' fue "garantizar el buen fin" del referéndum. Sin embargo, cuando llegó el turno del interrogatorio de la abogada Olga Tubau, que representa al mayor, ambos tuvieron que admitir que no había documento alguno que avalara sus afirmaciones de connivencia y que se basaban en “percepciones” para sacar conclusiones.
Pero además, dos de los testigos propuestos por la Fiscalía, uno de ellos el número dos de Baena, acabó afirmando que el jefe de los Mossos "en ningún momento dijo de modo explícito que estaba de acuerdo" con el 'procés'. Esta tesis también fue avalada por los testigos de la defensa, entre ellos la cúpula de la policía autonómica en la fecha de los sucesos.