La relación de Skadden que distintos medios atribuyen con el Gobierno de Yanukovych se remonta a 2012 con la elaboración de un informe en el que se trataba de justificar el encarcelamiento en 2011 de la líder opositora ucraniana por presunto abuso de poder.
Las protestas ciudadanas que denunciaban supuestas prácticas corruptas y vínculos con Moscú de Yanukovych acabaron propiciando en 2014 la caída de su Gobierno y la liberación de Tymoshenko, quien posteriormente acusó al despacho americano de “encubrir a Yanukovych y su Gobierno” a cambio de dinero.
Los negocios del bufete estadounidense en Ucrania han dado lugar a otras investigaciones federales y fuertes multas. En 2019, Skadden también acordó el pago de más de 4 millones de euros por el incumplimiento de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) en los trabajos de lobby realizados con el exasesor de campaña de Donald Trump Paul Manafort, a favor de Yanukovych.
No es la primera vez que la polémica afecta a Skadden. Su papel en el 'caso TransPerfect', que hizo peligrar más de 600 empleos en Barcelona y 5.000 en todo el mundo, ha puesto de manifiesto las carencias del sistema judicial del estado de Delaware y han surgido opiniones que denuncian un presunto trato de favor del juez de la corte suprema y exsocio de Skadden, André Bouchard, hacia el administrador judicial del despacho, Robert Pincus.
Después de haber cerrado la venta forzosa de TransPerfect, algunos medios han señalado que Pincus siguió cobrando a la firma durante dos años honorarios por valor de más de 12,5 millones de euros. Las facturas de estos trabajos permanecen selladas por decisión del juez Bouchard, alegando que deben mantenerse en secreto.