El informe de la Guardia Civil reseña que algunos colectivos desconvocaron por el riesgo de contagio otras concentraciones autorizadas por la Delegación del Gobierno, como es el caso del sindicato CGT. Fue el propio secretario General del mismo en Madrid, Antonio O’Connor Oliveros, el que comunicó el 18 de febrero de 2020 la celebración de una manifestación para el 10 de marzo, siendo aprobada con fecha del 26 de febrero de 2020.
El responsable del sindicato envió el 6 de marzo de 2020 un correo electrónico para cancelarla "dada la situación y riesgos de contagio debido al coronavirus" tras consensuarse la decisión "en el seno de su plataforma al observar la evolución del patógeno y los riesgos que comportaba la enfermedad cuyas noticias ya conocía con anterioridad gracias a los medios de comunicación".
La asociación Valiente Bangla, del madrileño barrio de Lavapiés, cuyo representante, Mohhamad Fazle Elahi, convocó también una manifestación para el día 10 de marzo y autorizada por Delegación del Gobierno el día 5 del mismo mes, envió igualmente un correo electrónico el 6 de marzo ante "la preocupación de la gente y los colectivos con los que interactúa y el miedo de los mismos al coronavirus" y canceló el evento.
En total, y tal y como figura en los registros de los investigadores de la Guardia Civil, estaban convocadas para esos días 70 marchas en la capital. La mitad sí se llevaron a cabo, las otras 35 fueron desconvocadas. La última de las manifestaciones que constan como celebradas habría tenido lugar el mismo 14 de marzo, el mismo día en el que el Consejo de Ministros ratificaba estado de alarma. Pero la lista de convocatorias se amplía casi al centenar, desde ese 6 de marzo en el que empezaron a cancelarse como bien hemos dicho, y pese a las primeras advertencias de Sanidad.
Los representantes evangélicos Jorge Fernández (Federe) y Manuel Cerezo (CEM) debatieron el 5-M la celebración de un congreso en la Caja Mágica de Madrid entre el 19 y el 21 de marzo, con una asistencia de 8.000 personas, "a lo que el ministro Illa acompañó con gestos negativos en su cabeza la frase ‘No, eso no se puede hacer’, procediendo a emplazarles a una nueva reunión el día siguiente" a la que también asistió el principal organizador del Congreso, Juan Carlos Escobar, presidente de las Asambleas de Dios en España.
En esa reunión del día 6 de marzo, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, les explicó "la grave situación sanitaria ofreciendo datos concretos de contagios, haciendo constar que se trataba de una pandemia a escala internacional, mostrando datos de los seguimientos estrictos que se efectuaban sobre los contagiados".
Simón les pidió además la suspensión de las "reuniones de pastores evangélicos" así como "la medida en la movilidad del colectivo y reunir los requisitos de riesgo incidiendo en que no se podían celebrar de ninguna manera, arrojando como dato que ya en ese momento se conocían 22 casos de contagios en España".
También se citó de forma "legal" a las integrantes de la ‘Comisión del 8M’ como "promotoras del acto central" de la celebración del día Internacional de la Mujer en Madrid. Sin embargo, a diferencia del resto de responsables de otros eventos masivos, contestaron que sólo darían explicaciones ante la propia juez.
Por tanto, y tras analizar profundamente las 83 páginas del escrito que ha remitido la Benemérita a la juez Carmen Rodríguez-Medel en el marco de la investigación contra José Manuel Franco y que ha desatado una crisis en el Ministerio del Interior con el cese fulminante de Diego Pérez de los Cobos y la dimisión este mismo martes del DAO de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, en solidaridad con su compañero, los investigadores sostienen que: "A partir del 5 de marzo no se debería haber realizado ninguna manifestación/concentración de personas en la Comunidad de Madrid con motivo de la crisis sanitaria del covid-19".