Al parecer, la querella se basa en la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 'caso Madrid Arena' para justificar el delito de homicidio imprudente y es que, según reza el escrito presentado en los juzgados de instrucción de Madrid, el alto tribunal revocó la absolución dictada por la Audiencia Provincial de Madrid respecto de un vigilante que, "viendo aplastada a una asistente, no le hizo la reanimación, llegando con posterioridad una ambulancia que sí se la hizo, falleciendo la misma".
El texto señala que los fundamentos jurídicos de esta sentencia describen la doctrina del "incremento del riesgo", que según los querellantes se puede aplicar a la "conducta" de Simón durante las comparecencias diarias en rueda de prensa en las que actualiza la situación del Covid-19 en España.
Se espera que más personas se adhieran a la querella que asegura que Simón "ha ido comunicando públicamente una serie de directrices erróneas contradictorias, haciendo creer a todo la población que el impacto del covid-19 en nuestro país sería mínimo".
"Dichas directrices han sido fatales pues provocaron, que de forma generalizada, se bajase la guardia hasta tal punto que no se llegó a hacer acopio de medios de prevención para hospitales y ni para que la población en general pudiese trabajar y desarrollar su vida cotidiana con garantías de salud, condenando a millones de personas al desempleo o precariedad laboral, convirtiendo a España en uno de los países del planeta con mayor número de fallecidos por 100.000 habitantes a consecuencia de la infección por covid-19", continúa.
Durante el escrito se pone el foco en dos declaraciones públicas en las que se demostraría que "quitó hierro a la situación": La primera el 31 de enero, solo un día después de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara el coronavirus "situación de emergencia global", cuando afirmó que España no iba a tener "como mucho más allá de algún caso diagnosticado" y que si había transmisión local sería "muy limitada y muy controlada". La segunda es la respuesta que dio a la pregunta de un periodista sobre si recomendaría asistir a las manifestaciones del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer: "No prohibiría a su propio hijo acudir, debiendo decidir por sí mismo".
Representados por la abogada Verónica Suárez, los denunciantes apuntan que, pese a conocer la alerta de la OMS, Simón no exigió al Gobierno "la adopción de medidas con mucho más tiempo para haber amortiguado el efecto" de la enfermedad, haciendo alusión a la causa penal abierta contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por un delito de prevaricación por permitir concentraciones multitudinarias los días previos a la declaración del estado de alarma.
Por otro lado, la querella destaca que "lo importante es el retraso en la advertencia a la población de la verdadera magnitud" de la epidemia, pese a las advertencias, y es aquí donde el Supremo tiene jurisprudencia, ya que recuerda el 'caso del aceite de Colza' en el que el alto tribunal elevó la pena a uno de los funcionarios acusados al entender que debió prever "un peligro potencial que a la larga se concretó en unos resultados de gravísimas consecuencias".
Por todo esto los querellantes han solicitado que se formen dos piezas separadas para investigar a Simón y a "aquellas personas, especialmente del Ministerio de Sanidad, que pudieran resultar también responsables de los hechos" por el delito de homicidio imprudente. También se menciona el hecho de que se haya hecho obligatorio el uso de las mascarillas "ahora que desciende el número de fallecidos", mientras que en el "momento de mayor mortandad, frente a los criterios de otros órganos técnicos públicos, no se acosejase u obligase nada al respecto".
Respecto a la segunda pieza separada, el escrito insta a que se investigue un presunto delito de falsedad en documento público cometido por funcionario público, por haber dado "aparentemente" datos "falsos" sobre el número de fallecidos. Recuerda en este caso que los Tribunales Superiores de Justicia de Castilla-La Mancha y Castilla y León han emitido informes en los que apuntan a que la cantidad de fallecidos es "mucho mayor".
Se ha pedido la retirada del pasaporte a Simón, y que se le prohíba abandonar España, recordando que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias "ha residido parte de su vida, por motivos profesionales, en países africanos".
En cuanto a la práctica de diligencias, tal y como señala Europa Press, la letrada Verónica Suárez solicita que se realice una decena de ellas, como que se requiera al Ministerio de Sanidad a aportar copia íntegra y ordenada de todas las comunicaciones escritas, oficiales o no, del querellado con cualquier otro componente del Ministerio, o hacia fuera del mismo desde el año 2019.
También quiere que el departamento que dirige Salvador Illa aporte oficialmente las cifras de fallecidos que se han ido dando públicamente desde el inicio de la pandemia y que se pida al Registro Civil Central un recuento de decesos desglosado por provincias en los meses de marzo a junio de los años 2018, 2019 y 2020.
Por último, insta a que se solicite al Palacio de la Moncloa todas las grabaciones de todas las intervenciones retransmitidas por televisión que Simón haya realizado desde ahí.