Así lo comentó la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, durante su intervención en la Comisión Constitucional del Senado cuando se le preguntó por la gestión que hacen los bancos de los avales del ICO.
“Hay lío con los créditos del ICO, estamos preocupados con esto porque nos llega mucha información acerca de algunas situaciones con las entidades financieras”
“Tenemos preocupación” porque, comentó la vicepresidenta también, “los datos que tenemos son muy buenos y casi el 90% de las operaciones del ICO son nuevas, lo que significa que hay ganas de arrancar, moverse, de no haber tirado la toalla, de haber aprendido de la crisis anterior”.
“Este es un dato muy interesante”, compartió la ‘número dos’ del Ejecutivo, “que sean operaciones nuevas significan que algunos van a aguantar lo que tenían y otros se van a lanzar pronto”.
Por ello, sostuvo -aunque haciéndose un pequeño lío, de esos que nos recuerdan al ex presidente Mariano Rajoy en sus recordadas intervenciones-, que “es conveniente que no haya obstáculos, porque se está poniendo dinero público y el dinero público no es de nadie porque es de todos, y son recursos públicos que aportamos todos, y nadie puede en el camino hacer nada que no sea facilitar el fin para el que está previsto”, concluyó.
Horas antes de la comparecencia de Calvo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó que el programa de 100.000 millones de euros se ha ido habilitando en diferentes tramos con la intención de ir “poco a poco” viendo las necesidades reales de las empresas y “adaptarlo a la demanda”.
Así recordó que se han liberado ya tres tramos: dos por un valor de 20.000 millones de euros cada uno y un tercero por 24.500 millones. Además, se liberarán más cantidades a medida que se cubran las habilitadas. “En la medida en que agotemos esa línea de liquidez, que ¡ojalá esté dando una respuesta efectiva a las necesidades del tejido empresarial!, podemos plantearlos la posibilidad de ampliarlas”, indicó.
Según la ministra, la línea del ICO se ha revelado como una herramienta de “enorme utilidad para el conjunto del tejido productivo” ya que, al garantizar el Estado los avales en porcentajes que en el caso de las pymes llegan al 80% y respaldar así las operaciones que pudieran fallar, facilita que la banca dé la liquidez o créditos que precisan empresas y autónomos.