El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Generalitat de Cataluña han firmado un convenio para organizar actividades de formación dirigidas a los miembros de la Carrera Judicial en 2025. La presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, y el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, destacan que este acuerdo incluye jornadas, estancias y cursos sobre temas relevantes como las modificaciones en la Ley Orgánica 1/2025 y la resiliencia en el ámbito judicial. Ambas instituciones aportarán 40.000 euros cada una para financiar estas iniciativas, que buscan mejorar la formación de jueces y magistrados en Cataluña. Para más información, visita el enlace.
La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, y el conseller de Justícia y Qualitat Democràtica de la Generalitat de Cataluña, Ramon Espadaler, han formalizado este lunes un convenio de colaboración en la sede del órgano que rige a los jueces. Este acuerdo tiene como objetivo la organización de actividades formativas para los miembros de la Carrera Judicial destinados en Cataluña durante el próximo año.
La responsabilidad de la organización y gestión material de estas actividades recaerá en el Servicio de Formación Continua de la Escuela Judicial, un organismo técnico del CGPJ, y en el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada (CEJFE), que depende directamente de la Generalitat y está presidido por Espadaler.
El convenio, que tendrá vigencia durante todo 2025, establece que tanto el Consejo como la Generalitat colaborarán en aspectos clave como la financiación, organización y gestión de los programas formativos. Ambas instituciones han acordado una partida presupuestaria inicial de 80.000 euros, que será compartida equitativamente: 40.000 euros aportados por cada parte.
Entre las actividades ya programadas bajo este convenio se incluyen jornadas, estancias, foros permanentes y cursos específicos. Se llevarán a cabo jornadas dirigidas a jueces y magistrados sobre las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 1/2025, centradas en mejorar la eficiencia del Servicio Público de Justicia.
Asimismo, se organizarán encuentros para unificar criterios entre presidentes de secciones civiles y penales de Audiencias Provinciales y Juzgados de lo Social. También se abordarán temas como resiliencia y riesgos psicosociales en los Diálogos de Poblet, donde se discutirán apoyos al ejercicio de la capacidad jurídica.
Las estancias incluirán formación sobre comunicación, ciberdelincuencia en colaboración con los Mossos d’Esquadra, así como derecho medioambiental en instalaciones específicas. Además, se establecerán foros dedicados a diversas jurisdicciones: civil, penal, contencioso-administrativa, social, mercantil, familiar y Juzgados de Instrucción.
Por último, se impartirán cursos sobre ejecución penal, clasificación penitenciaria, nueva ley sobre apoyos a personas con discapacidad e instrumentos internacionales relacionados con jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 2025 | Año de vigencia del convenio |
| 80,000 euros | Partida presupuestaria inicial |
| 40,000 euros | Aporte del CGPJ |
| 40,000 euros | Aporte de la Generalitat |
Se ha firmado un convenio de colaboración para la organización en 2025 de actividades de formación dirigidas a los miembros de la Carrera Judicial destinados en Cataluña.
El convenio fue firmado por Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, y Ramon Espadaler, conseller de Justícia y Qualitat Democràtica de la Generalitat de Cataluña.
El objetivo es organizar actividades de formación para mejorar la capacitación de jueces y magistrados en Cataluña.
Las actividades serán financiadas conjuntamente por el CGPJ y la Generalitat, con una partida presupuestaria inicial de 80.000 euros, aportados a partes iguales por ambas instituciones.
Se prevén jornadas, estancias, foros permanentes y cursos sobre diversas temáticas relacionadas con la justicia, incluyendo modificaciones legislativas y resiliencia ante riesgos psicosociales.
El convenio estará vigente durante todo el año 2025.