El Gobierno de España ha informado al GRECO sobre los avances en la prevención de la corrupción, destacando que 24 de las 30 recomendaciones recibidas han sido cumplidas o están en proceso. En 2024, se cerró la IV ronda de evaluación con un cumplimiento casi total de las recomendaciones para miembros del parlamento y jueces. La V ronda, centrada en la integridad de los gobiernos centrales y fuerzas de seguridad, muestra un cumplimiento parcial en 13 de las 19 recomendaciones. Se han implementado medidas como el Sistema de Integridad y el Plan de Acción por la Democracia, que busca fortalecer el Estado de Derecho y proteger a los informantes. Además, se está trabajando en una Ley de transparencia para regular las relaciones con grupos de interés. Para más detalles, visita el enlace.
El Gobierno español ha presentado un informe al Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) en el que se detallan los avances en materia de prevención de la corrupción. Según el documento, de las 30 recomendaciones recibidas durante dos rondas de evaluación, 24 se consideran cumplidas o parcialmente cumplidas. El Ejecutivo continúa trabajando en la implementación de las seis restantes.
En 2024, España concluyó la IV ronda de evaluación del GRECO, centrada en la prevención de la corrupción entre miembros del parlamento, jueces y fiscales. En su análisis, el organismo internacional determinó que diez de las once recomendaciones habían sido implementadas total o parcialmente. Tras esta evaluación, el país informó sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo que permite dar por cumplida la única recomendación pendiente.
Por otro lado, en la V ronda de evaluación, que se centra en la prevención de la corrupción y promoción de la integridad entre miembros del Gobierno y fuerzas de seguridad, el GRECO ha señalado que España está cumpliendo parcialmente con 13 de las 19 recomendaciones. Estos hallazgos están disponibles en los informes publicados recientemente.
Para avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones pendientes, el Gobierno ha informado al GRECO sobre varias medidas adoptadas a lo largo de 2024 y 2025. Una de las iniciativas más destacadas es el «Plan de Acción por la Democracia», diseñado para reforzar los pilares del Estado de Derecho y proporcionar herramientas a la sociedad civil para evaluar las acciones gubernamentales. Dentro de este plan se incluye la creación del Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, cuyo objetivo es salvaguardar a quienes denuncian irregularidades y actuar como un pilar institucional contra el fraude y la corrupción. Esta institución será liderada por Manuel Villoria, quien fue nombrado recientemente por el Consejo de Ministros.
Además, en enero pasado se aprobó un proyecto de Ley destinado a regular la transparencia e integridad en las relaciones entre grupos de interés y empleados públicos susceptibles a influencias externas.
Desde julio, España cuenta con un nuevo Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que establece una autoridad administrativa propia para fortalecer la independencia y autonomía institucional. Asimismo, tanto la nueva Estrategia de Gobierno Abierto como el Proyecto de Ley sobre Administración Abierta están en desarrollo y se espera que tengan un impacto positivo en el cumplimiento con las recomendaciones del GRECO.
| Categoría | Cifra |
|---|---|
| Total de recomendaciones | 30 |
| Recomendaciones cumplidas o parcialmente cumplidas | 24 |
| Recomendaciones restantes para su implementación | 6 |
| Recomendaciones de la IV ronda implementadas | 10 de 11 |
| Recomendaciones de la V ronda cumplidas parcialmente | 13 de 19 |
España ha recibido un total de 30 recomendaciones del GRECO en dos rondas de evaluación.
A día de hoy, 24 recomendaciones se consideran cumplidas o parcialmente cumplidas.
En la IV ronda de evaluación, el GRECO consideró que España ha implementado total o parcialmente diez de sus once recomendaciones. La única recomendación pendiente se considera cumplida tras la renovación del CGPJ.
El Gobierno ha aprobado el «Plan de Acción por la Democracia», el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante y un proyecto de Ley de transparencia e integridad de los grupos de interés, entre otras iniciativas.
Es un sistema basado en la evaluación de riesgos que incluye un código ético, disposiciones sobre integridad y conflictos de intereses, formación y canales internos de denuncia.
Este estatuto fortalece la autonomía e independencia de la institución encargada de garantizar la transparencia y buen gobierno en España.