CLAVES

Andalucía amplía apoyo económico a abogados de oficio en mediaciones obligatorias

Redacción | Lunes 07 de abril de 2025

La Junta de Andalucía ha ampliado la prestación económica a los abogados de oficio para el asesoramiento en procesos de mediación obligatorios, incluso si no se alcanza un acuerdo. Esta medida, que entra en vigor el 1 de enero de 2024, responde a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia y busca fomentar la resolución alternativa de conflictos antes de iniciar demandas. Los abogados podrán recibir hasta 400 euros por sus servicios, mientras que se está creando el Servicio de Mediación Civil y Mercantil (SEMCA) para facilitar estos procesos. La estrategia andaluza promueve el diálogo y busca reducir la carga judicial mediante la mediación.



La Junta de Andalucía ha decidido ampliar la compensación económica para los abogados de oficio que participen en procesos de mediación, incluso si no se logra alcanzar un acuerdo. Esta medida responde a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que desde el 3 de abril exige intentar una vía alternativa para resolver conflictos antes de presentar una demanda.

Con esta modificación, se busca reconocer el trabajo jurídico realizado en estos procesos, donde los letrados podrán recibir hasta 400 euros por su asesoramiento. Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo más amplio por integrar la mediación en el sistema de Justicia Gratuita, un avance que posiciona a Andalucía como pionera en este ámbito desde 2024.

Nuevas oportunidades para los abogados y ciudadanos andaluces

A partir del 1 de enero de 2024, aquellos andaluces que cumplan con los requisitos establecidos podrán solicitar representación legal no solo para demandas, sino también para procesos de mediación. La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública financiará este servicio conforme a las normas vigentes sobre retribuciones económicas en la Justicia Gratuita. Hasta ahora, los abogados han certificado 181 acuerdos, lo que ha llevado a la Junta a abonar 72.400 euros en compensaciones.

La reciente entrada en vigor de la Ley mencionada ha impulsado a la Consejería a modificar sus directrices para incluir el asesoramiento jurídico en mediaciones obligatorias, incluso cuando estas no culminen en un acuerdo. Este cambio será efectivo retroactivamente desde el 3 de abril.

Creación del Servicio de Mediación Civil y Mercantil

Además, la Junta está trabajando en la creación del Servicio de Mediación Civil y Mercantil (SEMCA), que funcionará en las ocho provincias andaluzas y ofrecerá un acceso público a la mediación. En colaboración con el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, se han llevado a cabo jornadas formativas dirigidas a más de 300 empresas andaluzas, destacando las ventajas que ofrece este método alternativo para resolver disputas.

El SEMCA será gratuito para aquellas partes que cumplan con los criterios necesarios para acceder a la Justicia Gratuita. La gestión del SEMCA se licitará próximamente; mientras tanto, los ciudadanos pueden acudir a los Puntos de Información a la Mediación en Andalucía (PIMA), ubicados en las principales sedes judiciales. Estos puntos están atendidos por técnicos especializados que orientan y facilitan el desarrollo de procesos de mediación.

Estrategia integral hacia la mediación

Todas estas iniciativas forman parte de una Estrategia de Mediación implementada por la Consejería. El año pasado se lanzó el Servicio de Mediación Penal de Andalucía (SEMPA), que ha logrado evitar casi 1.200 juicios penales, facilitando acuerdos entre las partes involucradas con un tiempo medio de resolución inferior a 30 días.

A finales del año pasado, se firmó un convenio con el Consejo Andaluz de Graduados Sociales para que estos profesionales actúen como mediadores voluntarios en conflictos laborales ya judicializados, ofreciendo así una segunda oportunidad al proceso conciliatorio.

Estas medidas reflejan el compromiso del gobierno andaluz por fomentar vías alternativas para la resolución pacífica de conflictos, contribuyendo así a descongestionar los juzgados y optimizar recursos mediante el diálogo y el acuerdo.

La noticia en cifras

Cifra Descripción
400 Euros por trabajo de mediación que se cierre con un acuerdo.
181 Acuerdos certificados por los letrados andaluces.
72,400 Euros abonados a los letrados por la Consejería.
1 de enero de 2024 Fecha desde la cual los andaluces pueden solicitar abogados para procesos de mediación.

Preguntas sobre la noticia

¿Qué ha decidido la Junta de Andalucía respecto a los abogados de oficio en procesos de mediación?

La Junta de Andalucía abonará a los abogados de oficio su asesoramiento jurídico en procesos de mediación, aunque no logren un acuerdo, en aquellos asuntos donde la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia obliga a intentar una vía alternativa para resolver conflictos antes de presentar una demanda.

¿Cuánto se compensará a los abogados que cierren acuerdos en mediación?

Los abogados que logren cerrar un acuerdo en procesos de mediación recibirán hasta 400 euros por su trabajo, según lo establecido en la Orden reguladora del sistema de Justicia Gratuita.

¿Desde cuándo pueden los andaluces solicitar abogados para procesos de mediación?

Desde el 1 de enero de 2024, los andaluces que cumplen con los requisitos pueden solicitar abogados o procuradores de oficio también para procesos de mediación.

¿Qué es el SEMCA y cómo funcionará?

El Servicio de Mediación Civil y Mercantil (SEMCA) será un servicio público al que los andaluces podrán acudir para iniciar procesos de mediación. Será gratuito si una de las partes cumple con los requisitos para acceder a la Justicia Gratuita.

¿Qué son los Puntos de Información a la Mediación en Andalucía (PIMA)?

Los PIMA son lugares donde los andaluces pueden recibir orientación y guía sobre procesos de mediación. También emitirán documentación acreditativa necesaria para presentar demandas en juzgados tras haber intentado la mediación.

¿Cuál es el objetivo principal detrás de estas medidas implementadas por la Junta?

Las medidas buscan impulsar vías alternativas de resolución de conflictos, promoviendo el diálogo y el acuerdo, lo cual ayudaría a aliviar la carga sobre los juzgados debido a la alta tasa de litigiosidad.

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