El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha abierto un expediente sancionador contra una importante inmobiliaria por prácticas abusivas hacia inquilinos en la gestión de alquileres. Esta acción se deriva de denuncias recibidas por organizaciones como el Sindicato de Inquilinas y FACUA, que alertan sobre infracciones como comisiones indebidas y la imposición de seguros no solicitados. La nueva normativa prohíbe trasladar gastos de gestión a los inquilinos, y las sanciones pueden alcanzar hasta un millón de euros. Este procedimiento se suma a otros expedientes abiertos recientemente contra plataformas de alquiler turístico por publicidad ilícita. La iniciativa busca proteger los derechos de los consumidores en el acceso a la vivienda. Para más información, visita el enlace: https://biblioteca.cibeles.net/consumo-abre-expediente-sancionador-a-una-gran-inmobiliaria-por-practicas-abusivas-contra-inquilinos/.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado un expediente sancionador contra una importante agencia inmobiliaria que opera a nivel nacional. Esta acción se lleva a cabo debido a posibles prácticas abusivas dirigidas a inquilinos en la gestión del alquiler. El procedimiento de sanción, gestionado por la Dirección General de Consumo, se origina a partir de una investigación iniciada en octubre de 2024 bajo la dirección de Pablo Bustinduy. La investigación también abarca otras inmobiliarias que podrían estar involucradas en prácticas similares.
La Dirección General de Consumo ha solicitado información adicional a estas agencias tras recibir denuncias sobre diversas irregularidades por parte del Sindicato de Inquilinas-CECU, FACUA Consumidores en Acción y la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios). Las denuncias apuntan a infracciones como el cobro de comisiones por la gestión del arrendamiento, la imposición de seguros obligatorios y la contratación forzada de servicios no solicitados por los inquilinos. En este contexto, desde el Ministerio se destaca que la Ley 12/2023 de 24 de mayo por el derecho a la vivienda prohíbe explícitamente trasladar a los inquilinos los gastos relacionados con la gestión inmobiliaria y formalización del contrato.
Asimismo, se indica que estas cláusulas o prácticas podrían ser consideradas infracciones graves bajo la Ley de Defensa de los Consumidores. Las sanciones correspondientes podrían ser:
Este nuevo procedimiento se suma al expediente sancionador abierto hace tres meses contra una plataforma dedicada al alquiler turístico. En ese caso, se inició el expediente debido a que esta plataforma mantenía miles de anuncios catalogados como publicidad ilícita, infringiendo así la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. Ante su negativa a retirar estos anuncios, se procedió con el expediente correspondiente.
De manera similar, en febrero se abrieron expedientes sancionadores contra empresas administradoras de viviendas turísticas, tras detectar que estas ofrecían información engañosa o confusa que podría alterar el comportamiento económico del consumidor. Esto incluye casos donde se presenta un alojamiento turístico como gestionado por particulares cuando en realidad es operado por una empresa.
El Ministerio encabezado por Pablo Bustinduy reitera que el acceso a la vivienda es un derecho fundamental amparado por ley. Todas estas acciones están alineadas con el objetivo prioritario del Ministerio: proteger los derechos de los consumidores en lo relacionado con el acceso a la vivienda. A través de diversas iniciativas informativas, se han abordado potenciales conductas abusivas en contratos de alquiler, tales como exigir fianzas desproporcionadas o pagos anticipados excesivos.
Desde la Dirección General de Consumo aclaran que la apertura del presente expediente sancionador no implica un juicio anticipado sobre el resultado final de las investigaciones.
| Tipo de Infracción | Multa Máxima | Multiplicador del Beneficio Ilícito |
|---|---|---|
| Graves | 100,000 euros | 4 a 6 veces |
| Muy graves | 1,000,000 euros | 6 a 8 veces |
El expediente sancionador ha sido abierto por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
Se ha iniciado debido a denuncias sobre prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler, como cobrar comisiones indebidas o imponer seguros no solicitados.
Las acciones se respaldan en la Ley 12/2023 de 24 de mayo por el derecho a la vivienda y la Ley de Defensa de los Consumidores, que prohíben trasladar gastos de gestión inmobiliaria a los inquilinos.
Las infracciones pueden ser clasificadas como graves, con multas de hasta 100.000 euros, o muy graves, con multas de hasta un millón de euros, pudiendo multiplicarse según el beneficio ilícito obtenido.
El Ministerio también ha abierto expedientes sancionadores a plataformas dedicadas al alquiler turístico por publicidad ilícita y a empresas que administran viviendas turísticas por ofrecer información engañosa.
Los inquilinos tienen derechos amparados por la ley, incluyendo protección contra cláusulas abusivas en contratos de alquiler y la prohibición de exigir fianzas desproporcionadas o pagos adelantados sin justificación.