La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) llevó a cabo cuatro registros en la provincia de Galați, Rumania, en una investigación sobre un fraude de 850,000 euros relacionado con un proyecto de modernización de sistemas de riego financiado por la UE. Se investiga a una cooperativa agrícola que presentó documentos falsos para obtener fondos y manipuló el procedimiento de contratación pública para favorecer a una empresa vinculada a uno de los sospechosos. Dos personas han sido colocadas bajo control judicial y se han congelado sus cuentas bancarias para recuperar daños al presupuesto de la UE. La EPPO es responsable de investigar delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) llevó a cabo el jueves una serie de cuatro registros en el condado de Gala?i, Rumanía, como parte de una investigación sobre un presunto fraude que asciende a 850 000 euros, relacionado con un proyecto de modernización de sistemas de riego financiado por la Unión Europea.
El caso involucra a una cooperativa agrícola que recibió fondos para un proyecto cuyo valor total es de 850 000 euros (equivalente a 4.3 millones de leus). Entre los sospechosos se encuentran el presidente 'de facto' y principal tomador de decisiones de la cooperativa, así como el presidente estatutario. Según las indagaciones, ambos presentaron documentos falsos ante la Agencia Rumana para la Financiación de Inversiones Rurales (AFIR), alegando que existía un consejo directivo y que se había celebrado una asamblea general para aprobar la solicitud de apoyo financiero.
No obstante, las pruebas recopiladas indican que la cooperativa no tenía existencia legal ni contaba con un consejo directivo, y no realizó ninguna asamblea general para validar la solicitud de fondos. Además, el procedimiento de contratación pública destinado a seleccionar una empresa para ejecutar el proyecto fue manipulado para favorecer a una compañía preseleccionada, propiedad de uno de los sospechosos y administrada oficialmente por su esposa.
Durante los registros realizados, los implicados fueron llevados a la EPPO en Ia?i para ser notificados sobre su condición de sospechosos. Dos individuos han sido colocados bajo control judicial durante sesenta días, lo que les prohíbe contactar a otras partes involucradas en el proceso y les obliga a presentarse periódicamente en la estación policial correspondiente.
Uno de los sospechosos ya enfrenta cargos judiciales por fraude relacionado con subsidios en otros dos proyectos de riego, que suman un total de 1.7 millones de euros. Para recuperar el daño causado al presupuesto europeo y cubrir posibles gastos judiciales, la EPPO ha congelado las cuentas bancarias asociadas a los sospechosos.
Esta operación ha requerido la colaboración de varios efectivos policiales del Estructura de Apoyo del EPPO en Rumanía, así como del Servicio de Investigación del Crimen Económico del Inspectorado Policial del Condado de Gala?i y unidades especializadas de intervención de la Gendarmería Rumana.
Todas las personas involucradas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes rumanos.
La EPPO actúa como oficina pública independiente dentro de la Unión Europea, encargándose de investigar y procesar delitos que atentan contra los intereses financieros comunitarios.
| Descripción | Cifra |
|---|---|
| Monto del fraude | €850,000 |
| Monto en RON (equivalente a €850,000) | RON 4.3 millones |
| Monto de otro proyecto en el que un sospechoso está siendo procesado | €1.7 millones |
| Días de control judicial para dos sospechosos | 60 días |
La EPPO está investigando un fraude de €850,000 relacionado con un proyecto de modernización de sistemas de riego financiado por la UE.
Los sospechosos incluyen al 'presidente de facto' y al presidente estatutario de una cooperativa agrícola que obtuvo financiamiento para el proyecto.
Se descubrió que la cooperativa no existía legalmente, no tenía una junta directiva y no organizó una asamblea general para aprobar la solicitud de fondos. Además, se manipuló el procedimiento de contratación pública para beneficiar a una empresa pre-determinada.
Durante las búsquedas, los sospechosos fueron llevados a la EPPO en Ia?i y dos de ellos fueron colocados bajo control judicial durante 60 días.
La EPPO ha congelado las cuentas bancarias de los sospechosos para recuperar el daño al presupuesto de la UE y cualquier gasto judicial.
La EPPO es la oficina pública independiente del sistema judicial de la Unión Europea, responsable de investigar y procesar delitos contra los intereses financieros de la UE.