El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha presentado ante las consejeras autonómicas la reforma del modelo de cuidados en el Consejo Territorial de Servicios Sociales. Esta reforma, que busca mejorar la autonomía y personalización de los cuidados para personas en situación de dependencia y discapacidad, incluye la teleasistencia como derecho subjetivo y propone simplificar trámites. Desde 2020, la financiación del sistema ha aumentado un 150%, alcanzando una cifra récord de 3.411 millones de euros en 2024. Además, se han transferido fondos europeos para modernizar centros residenciales y fomentar la autonomía personal. La reforma responde a demandas sociales por más cuidados cercanos y accesibles.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, lidera el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. En esta reunión, se discutió el anteproyecto legislativo aprobado en febrero por el Consejo de Ministros, que busca reformar las leyes relacionadas con la dependencia y la discapacidad.
Durante su intervención, Bustinduy presentó modificaciones normativas que tienen como objetivo principal promover la autonomía de las personas en situación de dependencia y de aquellas con discapacidad. Asimismo, se busca personalizar los cuidados y facilitar la permanencia de estas personas en sus hogares o en recursos comunitarios cercanos.
El ministro destacó que una de las propuestas más relevantes es el reconocimiento de la teleasistencia como un derecho subjetivo, lo que implica su universalización. Esta medida pretende prevenir la institucionalización y permitir que las personas permanezcan más tiempo en sus hogares.
Además, el anteproyecto establece que las personas tendrán el derecho a decidir si desean permanecer en su hogar y sobre los servicios que reciben. También se plantea la necesidad de agilizar los trámites administrativos relacionados con estos servicios.
En este sentido, se propone simplificar la revisión del Programa Individual de Atención e implementar procedimientos urgentes para situaciones de vulnerabilidad extrema, como enfermedades neurodegenerativas o violencia de género.
En cuanto a las personas con discapacidad, el anteproyecto incluye medidas para simplificar procesos administrativos. Se equipara una discapacidad del 33% a aquellas personas reconocidas oficialmente con situación de dependencia. Además, se establecen derechos fundamentales para evitar cualquier tipo de discriminación al contratar seguros de salud y vida.
La reforma también contempla un conjunto de medidas para garantizar la accesibilidad como un derecho universal, promoviendo cambios en las viviendas. Esto incluye modificaciones a la Ley de Propiedad Horizontal para hacer obligatorias las obras destinadas a mejorar la accesibilidad en comunidades vecinales.
El Consejo Territorial ha celebrado el consenso alcanzado entre las Comunidades Autónomas respecto a este nuevo enfoque sobre dependencia y discapacidad. Este acuerdo responde al mandato constitucional derivado de la reforma del artículo 49, que establece la obligación del Estado de promover políticas que aseguren la accesibilidad.
El Ministerio también ha subrayado la importancia de mejorar la financiación del sistema para ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos. Desde 2020, se ha incrementado un 150% la financiación destinada a dependencia, alcanzando una cifra récord en 2024 con una aportación estatal de 3.411 millones de euros.
Este monto es tres veces mayor al invertido en 2014. Además, se han transferido fondos europeos destinados a transformar centros residenciales y fomentar tecnologías que promuevan la autonomía personal.
Se espera que estas inversiones continúen fortaleciendo el sistema y permitan afrontar los desafíos actuales relacionados con el déficit de trabajadores en el sector.
Durante el Consejo Territorial también se abordó la necesidad urgente de incorporar nuevos profesionales al Sistema de Dependencia. El ministro Bustinduy anunció iniciativas dirigidas a facilitar esta incorporación mediante un espacio colaborativo con los gobiernos autonómicos.
Finalmente, se discutió sobre una nueva asignación presupuestaria para servicios sociales y se anunció la celebración del próximo Consejo Estatal del Voluntariado, previsto para llevarse a cabo en Navarra.
| Descripción | Cifra |
|---|---|
| Aumento de la financiación desde 2020 | 150% |
| Aportación estatal al sistema en 2024 | 3.411 millones de euros |
| Aportación estatal en 2014 | 1.130 millones de euros |
| Fondos europeos para obras de transformación | 1.500 millones de euros |
| Fondos para equipamientos y tecnología | 367 millones de euros |
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, preside el Consejo Territorial.
El objetivo principal es fomentar la autonomía de las personas en situación de dependencia y discapacidad, personalizar sus cuidados y promover su permanencia en los hogares y recursos comunitarios cercanos.
Se propone el reconocimiento de la teleasistencia como un derecho subjetivo, lo que permitiría su universalización.
La reforma propone simplificar la revisión del Programa Individual de Atención y establecer procedimientos de urgencia para situaciones de especial vulnerabilidad.
Se busca aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado que incluyan inversiones necesarias para fortalecer el sistema, destacando un incremento del 150% en la financiación desde 2020.
Uno de los principales desafíos es el déficit de personas trabajadoras en el sistema, lo cual es clave para su funcionamiento efectivo.