La noticia destaca cómo la agenda "Make America Healthy Again" (MAHA) enfrenta una creciente oposición por parte de leyes favorables a la industria que podrían aumentar el uso de químicos en la alimentación en EE. UU. y proteger a las empresas agroquímicas de responsabilidades legales. Se menciona el glifosato, un herbicida vinculado al cáncer, cuya seguridad es defendida por la EPA a pesar de las evidencias en su contra. Activistas de salud están organizándose para oponerse a estas medidas, resaltando la necesidad de priorizar la salud pública sobre los intereses corporativos. La lucha por la regulación de químicos en la agricultura se convierte en un punto crítico para la salud pública, con un llamado a la acción grassroots para frenar el avance de estos peligrosos cambios legislativos.
La agenda «Make America Healthy Again» (MAHA) se enfrenta a un creciente desafío en forma de leyes favorables a la industria que podrían incrementar el uso de químicos en el suministro alimentario de Estados Unidos, al tiempo que protegen a las empresas agroquímicas de cualquier responsabilidad. Esta situación pone en riesgo tanto la salud pública como las protecciones ambientales.
Uno de los principales protagonistas en esta controversia es el glifosato, ingrediente activo del herbicida Roundup de Bayer, que ha sido vinculado con el cáncer y otros problemas de salud. A pesar de las demandas y la evidencia sobre sus efectos perjudiciales, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) defiende su seguridad y avanza una propuesta para impedir que los estados exijan etiquetas de advertencia sobre el glifosato y otras sustancias químicas.
Las empresas agroquímicas están haciendo lobby para obtener inmunidad legal en al menos 11 estados, lo que les protegería de responsabilidades por daños causados por productos aprobados por la EPA, incluyendo más de 16,000 químicos regulados bajo la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas (FIFRA). Ante esta situación, defensores de la salud y organizaciones como Moms Across America están movilizándose para oponerse a estas medidas, instando a la acción pública contra los cambios propuestos por la EPA y las leyes de inmunidad a nivel estatal.
El debate sobre el uso de químicos en la agricultura representa un momento crucial para la salud pública, especialmente con el aumento de enfermedades crónicas y la presencia ya existente de químicos no probados en el suministro alimentario. Los defensores enfatizan la necesidad de una acción colectiva que priorice la seguridad por encima de los intereses corporativos.
En el centro del conflicto se encuentra el glifosato. Este herbicida ha sido objeto de miles de demandas contra Bayer desde que adquirió Monsanto en 2018. A pesar del creciente número de pruebas sobre su peligrosidad, la EPA continúa defendiendo su uso. La doctora Stephanie Seneff, científica del MIT, expresó su preocupación ante la posibilidad de que una de las primeras acciones bajo la iniciativa MAHA sea bloquear a los estados para advertir a los consumidores sobre los riesgos asociados con pesticidas tóxicos como el glifosato.
La propuesta actual busca impedir que los estados requieran etiquetas informativas sobre glifosato y otros químicos agrícolas, clasificando tales etiquetas como “mala publicidad”. Esta medida, impulsada por fiscales generales republicanos en 11 estados, limitaría la capacidad estatal para informar al público sobre los riesgos relacionados con estas sustancias.
Aparte del silencio impuesto sobre las advertencias, las empresas agroquímicas buscan obtener una amplia inmunidad legal. Al menos 11 estados están considerando proyectos redactados por la industria que protegerían a compañías como Bayer y ChemChina de cualquier responsabilidad derivada del uso de sus productos aprobados por la EPA.
Dicha inmunidad abarcaría no solo al glifosato sino también a más de 16,000 químicos regulados bajo FIFRA. Daniel Hinkle, miembro de la Asociación Americana por la Justicia, advirtió que las empresas extranjeras productoras de pesticidas buscan inmunidad total para ocultar los riesgos asociados con sus productos.
A medida que estas propuestas avanzan, los defensores de la salud instan a los estadounidenses a reaccionar. La propuesta actual está abierta a comentarios públicos hasta el 24 de marzo y miles ya han expresado su oposición. La pediatra Dr. Michelle Perro ha señalado que esta regla podría despojar a los estados de su capacidad para proteger la salud pública localmente.
Moms Across America y otros grupos están organizándose para detener las leyes estatales que otorgan inmunidad. Zen Honeycutt critica estas iniciativas denominándolas “Make America $ick Again”, argumentando que permiten a las empresas productoras de pesticidas evadir responsabilidades mientras lucran con enfermedades generadas por sus productos.
La disputa sobre el uso químico en agricultura trasciende un simple debate político; es una lucha por el futuro mismo de la salud pública. Con enfermedades crónicas en aumento y millones expuestos ya a miles de químicos no probados, añadir más toxinas al suministro alimentario representa un retroceso peligroso.
Robert F. Kennedy Jr., líder del Departamento estadounidense de Salud y Servicios Humanos, ha afirmado que muchos pesticidas comúnmente utilizados son “extraordinariamente tóxicos” y contribuyen significativamente a problemas crónicos de salud. En este contexto, surge una pregunta crucial: ¿podrá resistir la agenda MAHA ante las presiones ejercidas por poderosos intereses corporativos? Para activistas como Honeycutt, solo mediante acciones comunitarias se podrá garantizar que los intereses corporativos no prevalezcan sobre la seguridad alimentaria.
Fuentes incluyen: