El presidente Donald Trump se prepara para firmar una orden ejecutiva que iniciará el cierre del Departamento de Educación de EE. UU., cumpliendo su promesa de devolver el control educativo a los estados. La orden, que será facilitada por la secretaria de Educación, Linda McMahon, critica la ineficacia del control federal en la educación y busca eliminar la burocracia. Este movimiento, un objetivo conservador desde hace décadas, enfrenta oposición demócrata que advierte sobre el aumento de desigualdades educativas. La implementación completa requerirá acción del Congreso debido a funciones legales como la financiación de Título I y las becas Pell. La controversia plantea preguntas sobre el futuro de la educación en América y sus implicaciones para estudiantes marginados.
En un movimiento que ha generado un intenso debate en el ámbito político, se anticipa que el presidente Donald Trump firme una orden ejecutiva tan pronto como el jueves, dirigiendo el cierre del Departamento de Educación de Estados Unidos. Esta medida, que ha estado en preparación desde la transición de Trump a la presidencia, representa un paso significativo hacia su compromiso de devolver el control educativo a los estados.
Según un borrador de la orden obtenido por The Wall Street Journal, se encomienda a la secretaria de Educación, Linda McMahon, “tomar todas las medidas necesarias para facilitar el cierre del Departamento de Educación” dentro de los límites legales. El documento establece que “el experimento de controlar la educación estadounidense a través de programas y fondos federales—y los burócratas no responsables que esos programas y fondos apoyan—ha fallado en nuestras escuelas, nuestros maestros y nuestras familias”.
La iniciativa para desmantelar el Departamento de Educación no es nueva. Desde su creación en 1979 bajo la administración del presidente Jimmy Carter, este departamento ha sido objeto de críticas por parte de sectores conservadores. Los detractores sostienen que representa una intromisión federal que limita la innovación y el control local, sin lograr mejorar los resultados educativos.
Durante la administración Reagan, se intensificaron los esfuerzos para abolir el departamento, aunque finalmente no tuvieron éxito. Ahora, con Trump al mando, los conservadores ven una renovada oportunidad para alcanzar este objetivo histórico. El Proyecto 2025 de la Heritage Foundation, un plan detallado para una administración republicana, ha delineado estrategias específicas para cerrar la agencia, incluyendo la transferencia de su función de cumplimiento de derechos civiles al Departamento de Justicia y su cartera de préstamos estudiantiles al Departamento del Tesoro.
Aunque la orden ejecutiva establece las bases para el cierre del departamento, su desmantelamiento completo requerirá acción del Congreso. Expertos legales advierten que muchas funciones del departamento, como la administración del financiamiento Título I para escuelas con bajos ingresos y las becas Pell, están codificadas en leyes y necesitarían aprobación legislativa para ser transferidas o eliminadas.
McMahon reconoció esta necesidad durante su audiencia de confirmación al afirmar: “Ciertamente requiere acción del Congreso”. Sin embargo, expresó confianza en obtener apoyo republicano para un plan que simplifique las funciones del departamento. “Nos gustaría asegurarnos de presentar un plan con el cual nuestros senadores puedan estar de acuerdo y que nuestro Congreso pueda respaldar”, indicó.
A pesar de estas afirmaciones optimistas, los demócratas han manifestado una oposición contundente a esta iniciativa. El líder mayoritario del Senado, Chuck Schumer, criticó abiertamente el plan afirmando: “No es ningún secreto que buscan abolir el Departamento de Educación”. Randi Weingarten, presidenta de la Federación Americana de Maestros, acusó a Trump de ignorar las necesidades educativas infantiles. “Tratar de abolir [el departamento] envía un mensaje claro: al presidente no le importa brindar oportunidades a todos los niños”, afirmó.
El debate sobre el futuro del Departamento de Educación se produce en un momento crítico para la educación estadounidense. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Estados Unidos ocupa el vigésimo lugar entre 41 naciones en educación, superado por países como Canadá y varias naciones europeas. Además, los puntajes en pruebas han caído drásticamente desde la pandemia por COVID-19; la competencia lectora en octavo grado ha alcanzado su nivel más bajo en 32 años.
Los partidarios del plan propuesto por Trump argumentan que devolver el control educativo a los estados fomentará la innovación y mejorará la rendición de cuentas. “Dejen que los estados administren las escuelas”, afirmó Trump a periodistas en la Oficina Oval. “Verán algo impresionante; será administrado tan bien.”
No obstante, los críticos advierten que desmantelar el departamento podría agravar las inequidades educativas, especialmente entre estudiantes marginados y aquellos provenientes de familias con bajos ingresos. Señalan que las funciones esenciales del departamento relacionadas con la protección civil y distribución de ayudas federales son difíciles de reemplazar.
A medida que avanza esta situación política compleja, queda claro que la batalla por el futuro del Departamento de Educación trasciende cuestiones burocráticas; es una lucha por definir el rumbo educativo en Estados Unidos. La viabilidad del enfoque propuesto por Trump aún está por verse; sin embargo, lo indiscutible es que las implicaciones son significativas.