La Audiencia Provincial de Cáceres ha inhabilitado al alcalde de Villanueva de la Sierra por trece años debido a prevaricación. Aunque fue absuelto de otros cargos como malversación y falsedad documental, esta condena implica la pérdida definitiva de su cargo. La sentencia revela que el alcalde, en funciones desde 2015, autorizó pagos a proveedores a pesar de los reparos de la secretaria interventora. La decisión no es firme y se puede apelar ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Para más detalles, visita el enlace.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres ha dictado una sentencia que condena al alcalde de Villanueva de la Sierra a trece años de inhabilitación por el delito de prevaricación. A pesar de las acusaciones adicionales que incluían malversación, falsedad documental y estafa procesal, el tribunal ha decidido absolver al edil de estos cargos.
Como consecuencia de esta decisión, el alcalde perderá definitivamente su empleo, así como cualquier cargo relacionado con su función como concejal o alcalde. La inhabilitación es un golpe significativo para un político que ha estado en el poder desde 2015.
Según los fundamentos del fallo, se ha probado que el alcalde autorizó múltiples pagos a proveedores a pesar de que la secretaria interventora había señalado reparos, indicando que no se trataba de contratos menores. Esta acción fue considerada como un acto irregular por parte del tribunal.
No obstante, el tribunal no encontró evidencia suficiente para demostrar que las contrataciones realizadas para la residencia de mayores local no hubiesen sido publicitadas adecuadamente mediante bandos municipales.
Aunque la sentencia ha sido emitida, cabe destacar que no es firme y existe la posibilidad de presentar un recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
El alcalde fue inhabilitado durante trece años por prevaricación, tras autorizar pagos a proveedores que habían sido cuestionados por la secretaria interventora debido a que no se trataban de contratos menores.
Además de la prevaricación, el alcalde también enfrentaba acusaciones de malversación, falsedad documental y estafa procesal, pero fue absuelto de estos cargos.
La inhabilitación conlleva la pérdida definitiva del empleo o cargo de concejal o alcalde.
No, la sentencia no es firme y cabe recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.