Dos personas fueron arrestadas en Italia por su supuesta participación en un fraude fiscal de €64 millones relacionado con servicios de VoIP. La operación, solicitada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), reveló que las empresas involucradas actuaban como "comerciantes desaparecidos" para evadir el IVA entre 2017 y 2021. Se congelaron activos por el monto total del fraude y se realizaron incautaciones de propiedades valoradas en casi €900,000. La investigación continúa mientras se busca proteger los intereses financieros de la Unión Europea.
Dos individuos fueron arrestados en Turín, Italia, a raíz de una investigación solicitada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), en relación con un esquema de fraude fiscal conocido como "carrousel" de IVA. Este caso involucra la venta de servicios de Voz sobre Protocolo de Internet (VoIP), y ha llevado a la ejecución de una orden para congelar activos valorados en 64,04 millones de euros.
La Guardia di Finanza de Imperia llevó a cabo un análisis exhaustivo de las facturas emitidas por ocho empresas italianas dedicadas al comercio de servicios VoIP. Esta tecnología permite realizar llamadas telefónicas a través de internet. Las investigaciones revelaron que estas empresas adquirieron créditos VoIP a proveedores en varios países de la UE, como Francia, Letonia y Polonia, así como en naciones no pertenecientes a la UE como Albania, Chile y el Reino Unido. Posteriormente, vendieron esos mismos créditos a otras compañías italianas.
Sin embargo, se ha encontrado evidencia suficiente que sugiere que entre 2017 y 2021, estas empresas operaron como "comerciantes desaparecidos" o sociedades fantasma creadas exclusivamente para evadir el pago del IVA. Los representantes legales eran en realidad testaferros actuando en nombre de los dos sospechosos principales. Estas entidades carecían de actividad económica genuina y no mantenían documentos contables ni estructuras operativas u organizativas adecuadas.
Emitieron facturas por transacciones inexistentes para justificar transferencias ficticias, permitiendo que negocios legítimos redujeran artificialmente su carga fiscal y eludieran impuestos. A pesar de declarar transacciones por varios millones de euros, nunca presentaron declaraciones del IVA. Este sistema les permitió comercializar los servicios adquiridos a precios competitivos frente a sus rivales, lo que afectó negativamente la economía legal y alteró el funcionamiento adecuado del mercado.
La Guardia di Finanza detuvo a dos personas que ahora se encuentran bajo arresto domiciliario, mientras que tres individuos más han sido inhabilitados para ejercer sus actividades profesionales durante un año. El daño estimado hasta el momento asciende a 64,04 millones de euros, lo que llevó al juez investigador de Bolonia a emitir una orden de congelación correspondiente. Además, se han confiscado tres propiedades inmobiliarias valoradas en casi 900.000 euros.
Todas las personas involucradas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes italianos.
La EPPO es la oficina pública independiente encargada dentro de la Unión Europea de investigar y procesar delitos contra los intereses financieros del bloque comunitario.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| €64.04 millones | Daño estimado por el fraude fiscal |
| €64.04 millones | Monto de la orden de congelación de activos |
| €900,000 | Valor de las propiedades inmobiliarias confiscadas |
| 2017-2021 | Años en los que se llevó a cabo el fraude |
Dos sospechosos fueron arrestados en Turín por su supuesta participación en un esquema de fraude fiscal conocido como "carrousel de IVA", que involucraba la venta de servicios de VoIP. Se ejecutó una orden para congelar activos por un monto de €64.04 millones.
Las empresas supuestamente compraron créditos de VoIP a proveedores en varios países, tanto de la UE como fuera de ella, y luego vendieron esos mismos créditos a otras empresas italianas. Sin embargo, actuaban como "comerciantes desaparecidos" o empresas ficticias creadas para evadir el pago del IVA.
Este sistema permitió que los servicios comprados se comercializaran a precios competitivos, lo que perjudicó a la economía legal y alteró el funcionamiento adecuado de los mercados.
Los dos individuos arrestados han sido colocados bajo arresto domiciliario, mientras que tres otros han sido prohibidos de ejercer sus actividades profesionales durante un año.
La EPPO (Oficina del Fiscal Público Europeo) es la oficina pública independiente de la Unión Europea responsable de investigar y procesar delitos contra los intereses financieros de la UE.