U.S. Vice President J.D. Vance has criticized the United Kingdom's hate speech laws during Prime Minister Keir Starmer's visit to Washington, arguing that these policies infringe on free speech and impact American technology companies and citizens. The U.K.'s Online Safety Act has faced backlash for potentially stifling dissent and increasing state control over speech. While Starmer defended the U.K.'s commitment to free speech, Vance highlighted concerns about the erosion of democratic norms in Europe. This exchange underscores growing transatlantic tensions regarding free expression and the implications of censorship laws. For more details, visit the full article.
El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, ha expresado su fuerte oposición a las políticas de discurso de odio del Reino Unido, argumentando que estas infringen la libertad de expresión y afectan tanto a las empresas tecnológicas estadounidenses como a sus ciudadanos. Durante la visita oficial del primer ministro británico, Keir Starmer, a Washington, Vance destacó que el Online Safety Act del Reino Unido otorga a las autoridades la capacidad de regular el contenido en línea, lo que ha suscitado críticas por sofocar la disidencia y permitir un mayor control estatal sobre el discurso.
En una conferencia de prensa de alto perfil, Vance subrayó las consecuencias de estas medidas censuradoras en el ámbito transatlántico. “Tenemos una relación especial con nuestros amigos en el Reino Unido y también con algunos de nuestros aliados europeos. Sin embargo, somos conscientes de que ha habido infracciones a la libertad de expresión que afectan no solo a los británicos”, afirmó Vance.
El vicepresidente enfatizó que lo que sucede en el Reino Unido repercute en Estados Unidos: “Lo que hagan los británicos en su propio país es asunto suyo. No obstante, estas infracciones también impactan a las empresas tecnológicas estadounidenses y, por ende, a los ciudadanos americanos”.
Las declaraciones de Vance resaltan las crecientes tensiones entre ambos lados del Atlántico respecto al polémico Online Safety Act, considerado por muchos como un ataque a la libre expresión. Starmer defendió la postura británica, afirmando que “la libertad de expresión sigue siendo un pilar fundamental de la sociedad británica” y aseguró que esta se mantendrá vigente durante mucho tiempo.
No obstante, algunos críticos sostienen que las leyes sobre discurso de odio están siendo utilizadas para silenciar expresiones legítimas, desde opiniones religiosas hasta disidencias políticas. Se han documentado casos en los cuales policías han visitado domicilios en respuesta a publicaciones en redes sociales.
La controversia generada por el Online Safety Act, que concede amplios poderes para regular el contenido digital, ha generado un intenso debate sobre sus implicaciones para los principios democráticos. Las observaciones realizadas por Vance durante la visita de Starmer son consistentes con sus comentarios previos en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde criticó a varios gobiernos europeos por socavar los valores democráticos mediante una censura excesiva.
"La amenaza que más me preocupa respecto a Europa no proviene de Rusia ni de China; es una amenaza interna relacionada con el retroceso hacia algunos valores fundamentales", declaró Vance en Múnich. Su crítica hacia Londres se centró especialmente en lo que él considera un retroceso en los derechos religiosos y el efecto paralizante que tienen las leyes sobre discurso de odio en el debate público.
Vance concluyó instando al gobierno británico a respetar los valores sobre los cuales se fundó la civilización occidental: “Deberían debatir entre sí; su gobierno debe respetar cuando las personas tienen un punto de vista disidente. Es muy simple y evidente”. Esta situación plantea interrogantes sobre si el gobierno de Starmer tomará en cuenta estas advertencias o continuará por un camino que podría alienar a su aliado más cercano.
Para más información sobre este tema, puede ver este informe noticioso acerca del discurso del vicepresidente J.D. Vance durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde denuncia actos considerados "indeseables" por parte de gobiernos europeos.