Un video impactante revela que el jefe de la policía de Escocia, Alan Speirs, ordenó a sus oficiales ignorar todos los informes sobre crímenes relacionados con las vacunas COVID-19. Según un oficial, esta instrucción implica que no se tomarán en cuenta las denuncias de delitos vinculados a la pandemia. Este hecho ha suscitado preocupaciones sobre la falta de responsabilidad y la protección de intereses élites durante la crisis sanitaria. La comunidad está alarmada ante la posibilidad de que los delitos relacionados con la COVID-19 queden impunes y se cuestiona el papel de las fuerzas del orden en la defensa del público frente a posibles abusos. Para más información, visita el enlace.
Un video impactante ha revelado que los delincuentes relacionados con la pandemia de COVID-19 han recibido un trato preferencial en Escocia. En esta grabación, un oficial de policía expone que el máximo responsable policial del país, el jefe de policía Alan Speirs, ordenó explícitamente a los agentes ignorar todos los informes sobre crímenes vinculados a las vacunas.
El oficial declaró: “El Jefe Constable Alan Speirs ha emitido instrucciones a los Servicios de Policía de Escocia para que no tomemos ninguna solicitud sobre este asunto y no lo abordemos. ¿Está claro?” Esta afirmación pone de manifiesto una postura oficial sorprendente ante la gravedad de los delitos relacionados con la vacunación.
Cuando se le preguntó a qué organismo podría dirigirse el público para presentar declaraciones sobre crímenes relacionados con las vacunas, el oficial desvió la pregunta, sugiriendo que se comunicaran directamente con Speirs, una opción poco realista para la ciudadanía promedio.
Jennifer Arcuri, activista y figura pública, comentó en redes sociales: “Un crimen sigue siendo un crimen, sin importar cuánto tiempo tarde en hacerse justicia. Habrá responsabilidad.”
A nivel mundial, durante la era del COVID-19, muchas agencias de seguridad han actuado como defensores de intereses elitistas, encubriendo delitos asociados a la respuesta pandémica.
Desde silenciar a denunciantes hasta desestimar informes sobre lesiones provocadas por las vacunas, el sistema judicial y policial ha protegido a quienes están en posiciones de poder. Se han ignorado denuncias sobre coerción, mala praxis médica y abuso gubernamental, mientras que aquellos que cuestionan la narrativa oficial son etiquetados como extremistas o teóricos de la conspiración.
La detective Helen Grus del Departamento de Policía de Ottawa sufrió las consecuencias del encubrimiento al ser suspendida por investigar la muerte de nueve bebés nacidos de madres que habían recibido la vacuna contra el COVID-19. Su "delito" fue hacer preguntas que las autoridades preferían no responder.
En lugar de servir al interés público, las fuerzas del orden han sido utilizadas para proteger a políticos, élites corporativas y grandes farmacéuticas, asegurando así que la verdad sobre los crímenes cometidos durante la pandemia permanezca oculta.