En ese orden de pensamientos, las ideas son contrapuestas y van desde quienes ya entablaron demandas millonarias, hasta aquellos que se anticipan a vaticinar su ineptitud. A través de esta breve nota, intentaré brindar una aproximación sobre, lo que aprecio, será lo que en definitiva acontecerá.
Hay varios países que ya acudieron a la Justicia, en búsqueda de soluciones. También se han presentado varias demandas desde prestigiosos Estudios de Abogados. Voy a tomar, para este análisis, el recurso legal presentado por Eric Schmitt, Fiscal General del Estado de Misuri, en Estados Unidos, bajo el convencimiento que constituye la más reciente de las acusaciones surgidas desde territorio estadounidense acerca del tema. La demanda solicita la reparación de daños, cuya magnitud no precisa. Se encuentra dirigida al Partido Comunista de China. No se ha demandado ni al Gobierno ni a los ciudadanos de ese país asiático.
Se los acusa de: Mentir al mundo sobre el peligro y la naturaleza contagiosa de COVID-19; Ocular y mentir sobre información crucial; Arrestar a denunciantes; Actuar en “desprecio deliberado, intencional e imprudente de los derechos del Estado y sus residentes”; Negar la transmisión entre humanos, pese a las pruebas crecientes; Destruir investigación médica crucial, permitiendo que millones de personas se expusieran al virus; Acaparar equipamiento de protección individual, causando así una pandemia global que era innecesaria y prevenible y, finalmente, que el COVID-19 ha hecho un daño irreparable a países de todo el globo, ocasionando enfermedad, muerte, perturbación en la economía y sufrimiento humano. Deben hacerse responsables de sus acciones.
Analicemos ahora cual ha sido la respuesta del Gobierno de China
China calificó a esta demanda como “muy absurda”, agregando que “…la acción legal no tiene ninguna base fáctica y legal en absoluto” y finiquitando así: La demanda es “… maliciosa y contraria a los principios básicos de las leyes”. El portavoz de esta respuesta fue el Ministerio de Relaciones Exteriores, Geng Shuang, que ya anunció: su Gobierno la rechazaría “…sin más trámite”.
Posibilidades de éxito de la demanda
Desde mi humilde opinión, esta demanda no tiene ninguna posibilidad de prosperar. Por una simple razón: la ley estadounidense, bajo el principio de inmunidad soberana, prohíbe acciones judiciales contra gobiernos extranjeros. No coincido con la apreciación del Fiscal, en el sentido que la "inmunidad soberana, que protege a las naciones de la acción civil, no aplica en este caso”. Es más, me resulta claro que se ha intentado superar este escollo, demandando al Partido Comunista -PCCh- (argumentando que no es formalmente un órgano del Estado chino). Sin embargo: ¿Qué es el Partido Comunista de China? ¿Posee bienes materiales sobre los cuales pueda ejercerse alguna acción de cobro?
El Partido Comunista de China es un partido político. No dispone de bienes. La “Ley sobre la Propiedad”, aprobada en el año 2.007 por Asamblea Nacional Popular, que reconoció por primera vez la propiedad privada; la equipara a las propiedades “públicas” y “colectivas”, asignándole idéntica protección.
Aún bajo la hipótesis que el Partido comunista tuviese bienes, éstos no podrían ser ni siquiera embargados. Pasando al exámen de una posible responsabilidad penal, en principio, tampoco observo que se le pueda endilgar nada. Lo primero, en este orden de desarrollos, es extraer aquellas teorías conspirativas que le atribuyen haber premeditadamente creado el virus para luego difundir la pandemia. Lo que conocemos como “dolo” (dolo directo). Es diáfano que probar esa situación es prácticamente imposible. No hay dolo, entonces ¿Hay culpa? (“culpabilidad” bajo esa modalidad).
Desde una perspectiva teleológica (estudiando las causas finales), la respuesta podría ser diferente: estaríamos ante una responsabilidad por omisión. Tomando la más “benigna” de las interpretaciones. El Gobierno chino tenía la obligación de intervenir para preservar los bienes jurídicos que “el pueblo” chino le confió (la salud pública). Nadie puede poner en duda que la autoridad pública de China está más que legitimada para exigir o imponer medidas de prevención. Y no lo hizo. Pese a conocer la existencia de un riesgo razonablemente previsible cuyos daños habrían de ser monumentales. Tenemos, además, una “relación de causalidad” entre la “omisión” y el “daño” producido.
China, entonces, cumple todos los requisitos para resultar responsable penalmente por esa conducta omisiva. Empero, tampoco creo que se le achaque ni al Estado ni a sus gobernantes, esta “eventual” (o no tan eventual), responsabilidad penal. ¿Motivos? No hay “norma penal” que resulte aplicable al caso. Se me podría responder que “el mundo” debería llevar a China ante algún Tribunal Internacional de Derechos Humanos. Pero eso sería pecar de ingenuo. Un Gobierno que no responde ni ante sus propios ciudadanos (su “pueblo”) ¿Aceptaría ser juzgado en un tribunal extranjero? Por supuesto que no.
Se le podría achacar el posible incumplimiento de la Convención de armas biológicas (que prohíbe la producción de tales armas). Con todo: ¿Quién se animaría a sentar a China y a sus gobernantes en el “banquillo de los acusados”? Finalmente, he leído por ahí, que China debe someterse al Estatuto de Roma (constitutivo de la Corte Penal Internacional), pero esto tampoco sería eso viable: China no firmó ese Estatuto. Creo que nos ha llegado el momento de repensar la idea de un Derecho Penal Internacional “que funcione” (“funcionalista”. Léase a Claus Roxin y Gunter Jackobs, entre otros).