La Fiscalía Europea ha presentado cargos contra seis personas, incluyendo a cuatro individuos y dos empresas, por un fraude de 1,73 millones de euros relacionado con sistemas de riego en Rumanía. La investigación reveló manipulación en el proceso de contratación pública para beneficiar a una empresa vinculada al gerente de una cooperativa agrícola que recibió los fondos. Se han incautado terrenos y congelado cuentas bancarias por un valor aproximado de 500,000 euros para recuperar daños al presupuesto de la UE. Este delito puede conllevar penas de hasta 10.5 años de prisión.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Ia?i, Rumanía, ha presentado cargos contra cuatro individuos y dos empresas por un caso de fraude agravado en subvenciones y falsificación de documentos privados. Este proceso judicial se enmarca en una investigación que involucra un fraude de 1.73 millones de euros, relacionado con proyectos de sistemas de riego completamente financiados por la Unión Europea.
Como se informó anteriormente, la pesquisa se centró en una cooperativa agrícola que obtuvo financiación para modernizar sus sistemas de riego. Sin embargo, las indagaciones revelaron que el procedimiento de contratación pública para seleccionar a la empresa ejecutora fue manipulado, favoreciendo a una compañía previamente determinada, propiedad de la esposa del gerente de facto de la cooperativa.
La investigación puso al descubierto un claro conflicto de intereses en la financiación de los proyectos. El gerente de facto de la cooperativa estaba casado con la representante de la empresa que ganó el contrato. Además, uno de los miembros del comité evaluador de las ofertas también trabajaba como contador para la empresa licitante.
Con el fin de engañar a la Agencia para el Financiamiento de Inversiones Rurales (AFIR) de Rumanía, los representantes legales tanto de la cooperativa como de la empresa seleccionada presentaron documentos falsos que afirmaban erróneamente que no existía conflicto alguno. Asimismo, solicitaron y obtuvieron reembolsos por gastos a AFIR mediante órdenes de pago fraudulentas, alegando haber pagado ya a los contratistas.
Para recuperar los daños al presupuesto europeo y cubrir posibles gastos judiciales, el EPPO ha incautado seis parcelas de terreno valoradas en aproximadamente 500 000 euros, además de congelar cuentas bancarias pertenecientes a los sospechosos.
Bajo el Código Penal rumano, el fraude agravado en subvenciones puede ser castigado con hasta 10.5 años de prisión, mientras que la falsificación de documentos privados con hasta tres años. Si se les encuentra culpables, las dos empresas podrían enfrentar multas cercanas a 420 000 euros, además de sanciones complementarias.
La EPPO actúa como una oficina independiente dentro del sistema judicial europeo, encargándose de investigar y procesar delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 1.73 millones € | Monto del fraude involucrado en los proyectos de riego. |
| 8.6 millones RON | Equivalente en leu rumano del monto del fraude. |
| 500,000 € | Valor aproximado de los terrenos embargados por el EPPO. |
| 10.5 años | Pena máxima de prisión por fraude agravado según el Código Penal rumano. |
| 420,000 € | Multa máxima que podrían recibir las empresas si son condenadas. |
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha presentado cargos contra cuatro individuos y dos empresas por fraude agravado de subsidios y falsificación de documentos privados.
El fraude involucra un total de 1.73 millones de euros, que fueron destinados a proyectos para modernizar sistemas de riego financiados completamente por la Unión Europea.
Se manipuló el procedimiento de contratación pública para seleccionar una empresa que ya había sido pre-determinada, que era propiedad de la esposa del gerente de facto de la cooperativa agrícola que recibió los fondos.
Se reveló un conflicto de interés ya que el gerente de facto de la cooperativa estaba casado con la representante de la empresa que ganó el contrato, y además, un miembro del comité evaluador trabajaba como contador para la empresa licitadora.
Los representantes legales presentaron documentos falsos a la Agencia para el Financiamiento de Inversiones Rurales (AFIR), afirmando que no existía conflicto de interés, y solicitaron reembolsos utilizando órdenes de pago falsas.
La EPPO embargó seis parcelas de tierra valoradas en aproximadamente 500,000 euros y congeló cuentas bancarias pertenecientes a los sospechosos.
El fraude agravado puede ser castigado con hasta 10.5 años de prisión, mientras que la falsificación puede llevar hasta tres años. Las empresas condenadas podrían enfrentar multas adicionales significativas.