La Fiscalía Europea ha presentado una acusación en el Tribunal de Distrito de Sofía contra el gerente y propietario de una empresa, implicado en un fraude de 4.5 millones de euros en un procedimiento de contratación pública para la adquisición de trolebuses en el municipio de Vratsa, Bulgaria. El proyecto, financiado por el Fondo Europeo de Cohesión, tenía como objetivo reducir la contaminación del aire mediante la compra de nueve trolebuses eléctricos. Se descubrió que los vehículos fueron adquiridos a una empresa estatal bielorrusa, sujeta a sanciones europeas, en lugar de a una compañía polaca como se había declarado. Si son hallados culpables, los acusados podrían enfrentar penas de prisión de dos a ocho años. La investigación fue iniciada tras la denuncia de un particular, evidenciando la importancia del trabajo especializado en casos de la EPPO.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Sofía ha presentado una acusación formal ante el Tribunal de Distrito de Sofía contra el gerente y propietario de una empresa, implicado en un presunto fraude relacionado con un procedimiento de contratación pública para la adquisición de trolebuses destinados al municipio de Vratsa. Este proyecto, valorado en 4,5 millones de euros (8.838.308 BGN), ha generado serias preocupaciones sobre la transparencia y la legalidad en las contrataciones públicas.
El caso se centra en un proceso de licitación pública que tenía como objetivo la compra de nueve trolebuses eléctricos para mejorar el transporte público en Vratsa. La financiación provino del Fondo Europeo de Cohesión, destinado a medidas para reducir la contaminación del aire. El beneficiario principal del proyecto fue el municipio de Vratsa y su empresa municipal encargada del transporte público.
Durante la licitación, el acusado afirmó que los trolebuses provenían de una empresa polaca, con el único fin de obtener el contrato. Sin embargo, las investigaciones revelaron que los vehículos fueron adquiridos a una empresa estatal bielorrusa, que posteriormente fue objeto de sanciones por parte de la Unión Europea debido a su apoyo a la guerra de Rusia contra Ucrania. Curiosamente, la compañía polaca mencionada entró en liquidación poco después de finalizar el procedimiento de contratación.
Las pesquisas indicaron que los trolebuses fueron vendidos casi al doble del precio inicial pagado por el contratista, lo que constituye un claro caso de inflación de precios.
Si se les encuentra culpables, los sospechosos podrían enfrentar penas de prisión que oscilan entre dos y ocho años, según lo estipulado por la legislación búlgara. La investigación fue iniciada tras una alerta presentada por un particular a la EPPO, dado que ninguna autoridad nacional responsable había detectado ni informado sobre este caso.
A lo largo del proceso investigativo, el Fiscal Delegado Europeo se enfrentó a situaciones sin precedentes, como la ejecución parcial por parte de las autoridades policiales búlgaras respecto a las medidas solicitadas y autorizadas por el tribunal búlgaro. Esta falta de cooperación resalta la importancia de contar con investigadores dedicados y especializados para apoyar los casos gestionados por la EPPO.
Todas las personas involucradas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes en Bulgaria.
La EPPO actúa como una oficina pública independiente dentro de la Unión Europea, encargándose de investigar y procesar delitos que afecten los intereses financieros del bloque comunitario.
| Descripción | Cifra |
|---|---|
| Valor del proyecto | €4.5 millones |
| Valor en BGN | BGN 8.838.308 |
| Años posibles de prisión (mínimo) | 2 años |
| Años posibles de prisión (máximo) | 8 años |
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Sofía ha presentado una acusación contra el gerente y propietario de una empresa, sospechoso de fraude en un procedimiento de contratación pública para adquirir trolebuses para el municipio de Vratsa, un proyecto valorado en 4.5 millones de euros.
El proyecto tenía como objetivo la compra de nueve trolebuses eléctricos para ser utilizados en el transporte público del municipio de Vratsa, financiado por el Fondo Europeo de Cohesión, con medidas destinadas a reducir la contaminación del aire.
Durante la licitación pública, el acusado declaró que los trolebuses provenían de una empresa polaca, únicamente para obtener el contrato. Sin embargo, se descubrió que fueron comprados a una empresa estatal bielorrusa.
La investigación reveló que los trolebuses fueron vendidos por casi el doble del precio inicial pagado por el contratista, lo que constituye un claro caso de inflación de precios.
Si son hallados culpables, los sospechosos enfrentan penas de prisión de dos a ocho años, según la legislación búlgara.
La investigación fue abierta tras la alerta de una parte privada al EPPO, ya que ninguna autoridad nacional responsable había detectado y reportado el caso al EPPO.
La EPPO es la oficina pública independiente del fiscal de la Unión Europea, responsable de investigar y procesar delitos contra los intereses financieros de la UE.