Sandra Lazo, la nueva ministra de Defensa Nacional designada por Yamandú Orsi, ha generado controversia al confirmar nombramientos políticos en el Ministerio de Defensa, lo que ha provocado descontento entre oficiales retirados de las Fuerzas Armadas. Los nuevos designados son militantes de comités de base sin experiencia en temas militares, lo que ha llevado a críticas sobre su idoneidad para manejar asuntos de defensa nacional. Esta situación recuerda a tácticas políticas similares empleadas en otros países latinoamericanos para influir en las fuerzas armadas. La preocupación radica en que estos cambios podrían politizar y debilitar la profesionalidad de las Fuerzas Armadas uruguayas.
La reciente designación de Sandra Lazo como ministra de Defensa Nacional por parte del presidente Yamandú Orsi ha generado un amplio descontento entre los oficiales retirados de las Fuerzas Armadas. Lazo ha confirmado la inclusión de varios militantes políticos en su equipo, lo que ha suscitado críticas sobre su conocimiento y experiencia en temas militares.
Los nuevos funcionarios, según se informa, son activistas de comités de base que carecen de una formación adecuada en asuntos relacionados con la defensa nacional. Esta situación ha llevado a un clima de malestar dentro de las fuerzas armadas, donde muchos consideran que estas designaciones son inapropiadas.
En diálogo con La Derecha Diario, varios oficiales retirados expresaron su preocupación por la falta de preparación de los nuevos jerarcas. Uno de ellos, un capitán de navío, afirmó: “Los designados no tienen la menor idea de lo que es la Defensa Nacional. Quizás sean buenas personas, pero no saben absolutamente nada; tengo 76 años y nunca escuché sus nombres en cuestiones vinculadas a la defensa”.
El descontento también se extiende a figuras políticas como Javier García, exministro de Defensa durante el gobierno actual. García fue criticado por no abordar adecuadamente los problemas fundamentales que enfrentan las Fuerzas Armadas.
Un coronel retirado del Círculo Militar también manifestó su inquietud al señalar que “la futura ministra Lazo ha nombrado a jerarcas que no tienen experiencia en cuestiones militares. Nunca he oído hablar de ellos en relación con la situación actual de las Fuerzas Armadas uruguayas”. Este tipo de comentarios resalta una creciente preocupación sobre el rumbo político del ministerio.
Se especula que Lazo busca politizar las Fuerzas Armadas mediante la introducción de doctrinas y planes educativos alineados con intereses partidarios, lo cual podría comprometer la independencia y profesionalismo del cuerpo militar.
Las acciones recientes han sido comparadas con estrategias implementadas por líderes como Hugo Chávez, quien intentó transformar las fuerzas armadas venezolanas mediante un adoctrinamiento ideológico radical. Se teme que esta tendencia continúe bajo el liderazgo de Lazo, debilitando así el carácter profesional y apolítico que debería caracterizar a las instituciones militares.
No es la primera vez que surgen acusaciones sobre intentos de infiltración política en las Fuerzas Armadas uruguayas. En el pasado, Lucía Topolansky, esposa del expresidente Mujica, había manifestado intenciones similares, sugiriendo que el Frente Amplio buscaba tener control sobre los militares para utilizarlos en beneficio propio.
Dicha doctrina pone en riesgo no solo la integridad profesional del ejército sino también los principios democráticos fundamentales, ya que busca alinear a los militares con una ideología política específica y alejarles del nacionalismo tradicional.
A medida que se desarrollan estos acontecimientos, se hace evidente que las decisiones tomadas por la nueva ministra podrían tener repercusiones significativas para el Estado de Derecho y la libertad individual. La posibilidad de un adoctrinamiento ideológico dentro del ejército plantea serias preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos y la independencia institucional.
La situación actual revela un panorama complicado donde ciertos sectores políticos parecen dispuestos a sacrificar principios fundamentales por intereses partidarios. Esto representa un claro peligro para el futuro democrático del país.