El Departamento de Justicia de la administración Trump ha presentado una demanda contra Chicago, el Condado de Cook y el estado de Illinois por sus políticas de santuario, argumentando que estas ponen en peligro la seguridad pública. La demanda sostiene que las leyes de santuario obstaculizan la aplicación de la ley federal de inmigración y permiten la liberación de criminales peligrosos. A pesar de las críticas, el alcalde de Chicago y el gobernador de Illinois defienden estas políticas como morales y legales. La fiscal general Pam Bondi amenazó con limitar la financiación federal a estas jurisdicciones, lo que podría desencadenar una prolongada batalla legal mientras los líderes demócratas se comprometen a defender sus políticas de santuario.
La administración de Trump ha intensificado su enfrentamiento contra las ciudades santuario al presentar una demanda contra Chicago, el Condado de Cook y el estado de Illinois por su negativa a colaborar con la aplicación de las leyes federales de inmigración. Esta acción legal se basa en la afirmación de que las políticas santuario ponen en riesgo la seguridad pública.
El Departamento de Justicia (DOJ) sostiene que estas políticas obstruyen la aplicación de la ley federal y permiten que criminales peligrosos sean liberados nuevamente en las comunidades. La demanda, presentada el jueves, se dirige específicamente contra leyes como la Ley Illinois Way Forward y la Ordenanza de Ciudad Acogedora de Chicago, que limitan la capacidad del cuerpo policial local para trabajar con Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Según el DOJ, las políticas santuario agravan una crisis nacional en la frontera sur, donde la inmigración ilegal representa “amenazas significativas para la seguridad nacional y la seguridad pública”. Al negarse a acatar los requerimientos de ICE—que solicitan mantener a individuos para su deportación—Chicago e Illinois son acusados de liberar a criminales peligrosos en sus comunidades.
“Con base en información y creencias, el comportamiento de los funcionarios en Chicago e Illinois al aplicar mínimamente—y muchas veces obstaculizar activamente—las leyes federales de inmigración durante años ha resultado en la liberación de innumerables criminales en Chicago que deberían haber sido retenidos para su remoción del país”, señala la demanda.
El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, y el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, han reafirmado su apoyo a las políticas santuario, presentándolas como un imperativo moral. “Ser una ciudad acogedora simplemente indica que nuestro departamento policial local no actuará como agentes federales. Hay una clara separación de poderes”, declaró Johnson. Por su parte, Pritzker afirmó que las leyes de Illinois son “complejas con la ley federal” y acusó a la administración Trump de dificultar la protección del público.
No obstante, críticos argumentan que estas políticas priorizan a los inmigrantes ilegales sobre la seguridad de los ciudadanos respetuosos de la ley. El concejal Nicholas Sposato, un opositor vocal a la postura santuario de Chicago, acusó a la ciudad de favorecer “a criminales sobre ciudadanos respetuosos de la ley”.
La demanda coincide con una directiva del Attorney General Pam Bondi para limitar los fondos federales destinados a jurisdicciones santuario. En su primer día en el cargo, Bondi advirtió que otras ciudades santuario podrían enfrentar acciones legales similares. “Durante demasiado tiempo, los líderes en Illinois y Chicago han abusado de su poder al poner el confort de los inmigrantes ilegales por encima de la seguridad y bienestar de sus propios ciudadanos. Esto termina hoy”, manifestó Bondi en un comunicado.
La acción legal emprendida por la administración Trump forma parte de un esfuerzo más amplio para hacer cumplir las leyes migratorias y disuadir la inmigración ilegal. Tom Homan, encargado fronterizo, ha criticado a las ciudades santuario por dificultar “enormemente” el arresto de criminales, especialmente en Chicago, donde se acusa a los funcionarios locales de obstruir activamente las operaciones del ICE.
Se prevé que esta demanda desencadene una prolongada batalla legal, ya que los líderes demócratas han prometido defender sus políticas santuario. La presidenta del Consejo del Condado Cook, Toni Preckwinkle, se comprometió a “buscar cada oportunidad legal para defender los programas en los que creemos y proteger nuestros valores”.
A medida que avance el caso, podría establecerse un precedente sobre cómo las autoridades federales y locales manejan este controvertido tema relacionado con la aplicación migratoria. Por ahora, la administración Trump se mantiene firme en su misión por hacer cumplir las leyes federales y proteger a las comunidades estadounidenses frente a los peligros asociados con las políticas santuario.