El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, se reunió en Ibiza con el conseller de Turismo para abordar la proliferación de pisos turísticos ilegales en las Islas Baleares. Consumo ha recopilado datos que indican que más de 7.000 viviendas turísticas se anuncian sin incluir el número de licencia, lo que representa un 30% del total estimado de 22.000 alojamientos. Bustinduy destacó que esta situación no solo afecta el acceso a la vivienda para los residentes, sino que también constituye una práctica ilícita según la ley. Además, se discutieron nuevas investigaciones sobre grandes gestoras de pisos turísticos y prácticas abusivas en el alquiler. El Consell de Ibiza presentó un plan contra el intrusismo y lanzó un sistema online para verificar la legalidad de los alojamientos turísticos.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se reunió el pasado jueves en Ibiza con Jaume Bauzá, conseller de Turismo del Govern de las Islas Baleares. El objetivo del encuentro fue abordar la creciente problemática relacionada con la proliferación de viviendas turísticas ilegales en el archipiélago.
Durante la reunión, que también contó con la participación del presidente y el vicepresidente del Consell de Ibiza, así como del director insular de la Oficina de Lucha contra el Intrusismo, Bustinduy pudo conocer de primera mano la situación actual respecto al aumento de alojamientos turísticos. Muchos de estos operan sin licencia, lo que complica el acceso a la vivienda para los residentes permanentes y aquellos que se encuentran temporalmente por razones laborales.
La Dirección General de Consumo inició el año pasado una investigación sobre las viviendas turísticas que se publicitan en línea sin incluir el número de licencia correspondiente. En este contexto, Bustinduy presentó datos recopilados por la Unidad de Análisis de Consumo, los cuales indican que más de 7.000 viviendas en Baleares están anunciadas como turísticas sin contar con el número de licencia. Esta cifra representa aproximadamente un 30% del total estimado de al menos 22.000 alojamientos.
Bustinduy enfatizó que la ausencia del número de licencia en un anuncio no implica necesariamente que la vivienda carezca de ella; sin embargo, subrayó que tal omisión constituye publicidad ilícita según el Artículo 47 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. Además, advirtió que muchas propiedades se anuncian sin licencia porque realmente no poseen una, lo que se traduce en un negocio ilegal, el cual debe ser combatido con urgencia.
En relación a este asunto, Bustinduy hizo referencia a un expediente sancionador abierto en diciembre contra una plataforma de alquiler por mantener miles de anuncios sobre alojamientos turísticos a pesar de haber sido solicitado su retiro por no incluir el número de licencia. El ministro calificó como insostenible la situación del alquiler en Baleares, donde los residentes destinan hasta un 63% de su salario al pago del alquiler, siendo esta cifra la más alta en España. Asimismo, Palma ha sido reconocida como la ciudad española más costosa para vivir.
Aprovechando esta reunión, Bustinduy destacó que el Govern balear es la primera administración autonómica en recibir los datos sobre anuncios irregulares recabados por su unidad analítica. También se discutió una nueva investigación iniciada a finales del año anterior para obtener información sobre grandes gestoras de pisos turísticos y sus posibles prácticas engañosas.
Los representantes del Consell de Ibiza informaron que durante la legislatura pasada se estableció una Oficina de Lucha contra el Intrusismo. Resaltaron que el problema derivado del aumento desmedido de pisos turísticos ha crecido significativamente en los últimos cinco años. Mariano Juan Colomar explicó que estas viviendas hacen competencia desleal no solo a otros alojamientos vacacionales sino también a hoteles regulados que cumplen con sus obligaciones fiscales.
Con miras a combatir este fenómeno, el Consell presentó al Govern balear un plan destinado a luchar contra el intrusismo turístico con un presupuesto total previsto de 22 millones de euros hasta 2027.
A partir del 25 de enero, se lanzó un sistema público online para comprobar si un alojamiento turístico cuenta con registro legal necesario. Esta iniciativa busca intensificar los esfuerzos contra ofertas ilegales y facilitar la detección de irregularidades, promoviendo así un turismo regulado en Ibiza. Mediante este portal se proporciona información sobre hoteles, apartamentos y otras modalidades autorizadas.
A medida que avanza esta problemática, las autoridades continúan trabajando para garantizar un equilibrio entre las necesidades habitacionales locales y las demandas turísticas.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 7,000 | Pisos turísticos que se publicitan sin el número de licencia. |
| 30% | Porcentaje de viviendas turísticas que no indican el número de licencia respecto al total. |
| 22,000 | Total estimado de alojamientos turísticos en Baleares. |
| 63% | Porcentaje del salario que destinan los residentes al alquiler en Baleares. |
El ministro Bustinduy ha entregado datos sobre más de 7.000 viviendas turísticas en las Islas Baleares que se anuncian sin incluir el número de licencia, lo que representa un 30% del total de alojamientos turísticos en la región.
La falta del número de licencia en los anuncios constituye una publicidad ilícita según el Artículo 47 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. Además, muchas de estas viviendas pueden operar sin licencia, lo que implica un negocio ilegal que afecta el acceso a la vivienda en la zona.
El ministro Bustinduy ha señalado que la situación del alquiler es insostenible, con residentes destinando el 63% de su salario al alquiler, convirtiendo a Palma en la ciudad más cara para vivir en España.
Se ha puesto en marcha una Oficina de Lucha contra el Intrusismo y se ha presentado un Plan de lucha contra el intrusismo que contará con un presupuesto total de 22 millones de euros hasta 2027.
El Consell de Ibiza ha lanzado un sistema público online que permite verificar si un alojamiento cuenta con el registro legal necesario, facilitando así la detección de irregularidades y promoviendo un turismo reglado.