CCOO, UGT y FEDAVICA han solicitado el amparo del Defensor del Pueblo debido al retraso en la implementación del fondo de compensación para las víctimas del amianto, establecido por la Ley 21/2022. A pesar de ser aprobada por unanimidad en el Parlamento Vasco, el Congreso y el Senado, el Gobierno no ha cumplido con su obligación de desarrollar el reglamento necesario. Las organizaciones denuncian que muchos afectados han fallecido sin recibir las indemnizaciones a las que tienen derecho y critican que las cuantías propuestas son insuficientes en comparación con otros colectivos. El Defensor del Pueblo se ha comprometido a investigar esta situación y podría elevar el asunto a la Fiscalía si no se resuelve.
Las organizaciones CCOO, UGT y la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto (FEDAVICA) han solicitado formalmente el amparo del Defensor del Pueblo ante la demora en la implementación del fondo de compensación destinado a las víctimas del amianto. Según las denuncias, el Gobierno ha ignorado las necesidades de estas personas afectadas.
En una reunión celebrada con Ángel Gabilondo, titular de la Oficina del Defensor del Pueblo, los representantes de estas organizaciones expusieron la situación crítica que enfrentan debido a un retraso de más de dos años en la aprobación del reglamento que desarrolla la Ley 21/2022. Esta ley fue creada con el propósito de establecer un fondo que garantice indemnizaciones a quienes han padecido enfermedades relacionadas con este material cancerígeno.
Actualmente, el fondo de compensación permanece inactivo debido a que el Gobierno no ha cumplido con su obligación legal de aprobar el reglamento correspondiente. Jon García, portavoz de FEDAVICA, expresó su indignación: “Esta ley fue resultado de una propuesta del Parlamento Vasco en 2019 y recibió aprobación unánime tanto en el Congreso como en el Senado. Sin embargo, durante estos dos años hemos visto cómo muchos compañeros han fallecido sin poder acceder a las indemnizaciones que les corresponden”.
Patricia Ruiz, secretaria de Salud Laboral de UGT, también criticó la situación: “Hemos solicitado amparo al Defensor del Pueblo y agradecemos su interés y rapidez en recibirnos. La comunicación con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está inexplicablemente bloqueada. Desde nuestras alegaciones enviadas en julio de 2023 no hemos recibido respuesta ni hemos podido reunirnos nuevamente con ellos”.
Mariano Sanz, secretario de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental de CCOO, subrayó que “el retraso en la aprobación del reglamento es intolerable. Además, las cantidades propuestas para las indemnizaciones son irrisorias comparadas con lo que establecen los tribunales para otros colectivos como víctimas del terrorismo o del VIH”. También destacó que las víctimas del amianto no cuentan con exenciones fiscales similares a las que disfrutan otros grupos.
Ante esta situación alarmante, las organizaciones han presentado una serie de preguntas al Defensor del Pueblo sobre la responsabilidad del Gobierno en este incumplimiento legal y sobre la disparidad en las indemnizaciones asignadas a diferentes colectivos.
Ángel Gabilondo se comprometió a enviar un requerimiento por escrito a la Secretaria de Estado de Seguridad Social y Pensiones para indagar sobre los motivos detrás del retraso en el fondo. En caso de no obtener respuesta adecuada, se plantearía llevar el asunto ante la Fiscalía.
Durante esta reunión se mencionó un juicio que se estaba llevando a cabo en Barcelona donde un extrabajador enfermo por exposición al amianto reclamaba una indemnización por parte de su empleador. Este tipo de situaciones podrían haberse evitado si se hubiera implementado oportunamente el reglamento correspondiente a la Ley 21/2022.
Solicitan amparo debido al retraso de dos años en la puesta en marcha del fondo de compensación para las víctimas del amianto, creado por la Ley 21/2022. Este retraso ha causado que muchas víctimas no puedan acceder a las indemnizaciones a las que tienen derecho.
El Gobierno no ha aprobado el reglamento necesario para activar el fondo de compensación, lo que ha generado una situación injusta para las víctimas del amianto.
Han planteado interrogantes sobre cómo es posible que el Gobierno incumpla los plazos establecidos en la ley y por qué se asignan indemnizaciones significativamente inferiores a las establecidas para otros colectivos en situaciones similares.
Ángel Gabilondo, titular de la Oficina del Defensor del Pueblo, se dirigirá por escrito a la Secretaria de Estado de Seguridad Social y Pensiones para interesarse por el retraso en la puesta en marcha del fondo. Si no se recibe respuesta adecuada, podría elevarse la cuestión ante la Fiscalía.