El debate sobre la intervención del Estado en el sector ganadero ha cobrado relevancia, especialmente ante las pérdidas de los fondos de inversión. La cuestión central es si el Estado debe asumir estas pérdidas, lo que genera controversia sobre la responsabilidad estatal y la dependencia que esto podría fomentar. Las pequeñas y medianas empresas (PYMES), que representan el 85% del tejido empresarial, a menudo quedan fuera de los rescates estatales, soportando una carga fiscal desproporcionada sin recibir beneficios equivalentes. Es crucial redefinir el papel del Estado, limitando su intervención para garantizar igualdad ante la ley y respeto a la propiedad privada. Este debate no solo impacta al sector ganadero, sino que cuestiona la relación entre el Estado, el mercado y los individuos en la economía actual.
En los últimos años, ha cobrado fuerza el debate sobre la intervención del Estado en el sector ganadero, especialmente en relación con los fondos de inversión que han enfrentado pérdidas significativas. Surge así una interrogante crucial: ¿debe el Estado asumir las pérdidas de estas empresas?
Los fondos de inversión en este sector han puesto sobre la mesa la discusión acerca de la responsabilidad estatal. La posibilidad de rescatar a inversionistas afectados por la volatilidad del mercado agrícola genera opiniones encontradas. Algunos sostienen que el Estado no debería actuar como una red de seguridad para inversionistas privados, ya que esto podría fomentar una dependencia perjudicial y una gestión inadecuada de los riesgos empresariales.
Es fundamental establecer límites precisos a las funciones del Estado, evitando un control excesivo sobre los recursos y el trabajo de los ciudadanos. A lo largo del tiempo, se ha normalizado que el Estado administre arbitrariamente los recursos sociales. Las «excepcionalidades» para socializar pérdidas son vistas por muchos como una práctica política burocrática inaceptable, aunque también como resultado lógico de un sistema donde la asignación de ganadores y perdedores depende de decisiones políticas.
En este contexto, las pequeñas y medianas empresas (PYME) se convierten en las grandes perjudicadas. A diferencia de los grandes fondos de inversión, las PYMEs rara vez reciben rescates estatales. Ferreterías, almacenes locales y otros pequeños negocios constituyen el 85% del tejido empresarial, pero no acceden a las excepciones aplicables a las grandes corporaciones. Estas empresas no solo enfrentan una carga burocrática y fiscal significativa, sino que además financian el aparato estatal y las políticas de subsidios sin recibir beneficios equivalentes.
El debate debería centrarse menos en otorgar más beneficios o rescates y más en redefinir el papel del Estado para que no supere su función como garante de la ley y mediador en conflictos. Retomar principios como la igualdad ante la ley y el respeto a la propiedad privada, derechos fundamentales consagrados en la Constitución, es esencial para avanzar en esta discusión social. La urgencia de abordar estos temas en los próximos años es evidente, ya que su resolución impactará directamente en el futuro económico y en la justicia relacionada con la administración de recursos públicos y privados.
Este debate no solo afecta al sector ganadero o a las PYMEs; también incide profundamente en cómo entendemos la relación entre el Estado, el mercado y el individuo en nuestra sociedad.