Un ataúd como amenaza en el Tribunal de Cuentas de Tucumán ha desatado un escándalo político. La disputa entre Miguel Terraf, presidente del Tribunal, y el diputado Carlos Cisneros se intensificó con acusaciones de corrupción y campañas difamatorias. El 19 de diciembre de 2024, cinco empleados de una empresa de recolección de residuos dejaron un ataúd frente al tribunal, lo que fue interpretado como un acto de intimidación. Este incidente forma parte de una campaña más amplia contra las autoridades del Tribunal, vinculada a la política local y a intereses gremiales. La situación ha llevado al Tribunal a presentar denuncias formales ante la municipalidad y la justicia, mientras se cuestionan los vínculos entre la administración municipal y los actores involucrados.
La política en Tucumán se encuentra en un estado de creciente tensión. La confrontación entre Miguel Terraf, presidente del Tribunal de Cuentas, y el diputado nacional del peronismo Carlos Cisneros ha marcado el año 2024 con acusaciones mutuas de corrupción y campañas difamatorias. Sin embargo, la situación ha escalado a niveles alarmantes, incluyendo actos de intimidación vinculados a una empresa de recolección de residuos asociada al municipio.
El conflicto comenzó con la aparición de carteles anónimos en diversas partes de Tucumán, donde se acusaba a Terraf de complicidad en actos corruptos durante la administración de José Alperovich. Colaboradores del Tribunal han señalado que esta ofensiva mediática es parte de una estrategia orquestada por sectores afines a La Bancaria, el sindicato liderado por Cisneros.
El incidente más grave ocurrió el 19 de diciembre de 2024, cuando las cámaras de seguridad registraron a cinco empleados de Transportes 9 de Julio, la empresa encargada de la recolección de residuos, dejando un objeto con forma de ataúd frente al Tribunal de Cuentas.
Este hecho fue documentado por las cámaras ubicadas en el edificio situado en Congreso 180, a escasos metros de la Casa de Gobierno. Según el relato del Tribunal, uno de los trabajadores extrajo un ataúd del carro recolector y lo dejó estratégicamente oculto detrás de una columna en la entrada del edificio.
Desde el Tribunal han expresado que este incidente no puede ser considerado aislado y debe interpretarse dentro del contexto más amplio de una campaña deliberada para desprestigiar y amenazar a sus autoridades. “Interpretar este ‘mensaje’ como un hecho casual o inocuo sería una falta grave al análisis serio y responsable”, afirmaron desde el organismo.
Además, se ha señalado que la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, bajo la dirección de Rossana Chahla, podría estar implicada, ya que los carteles anónimos fueron colocados en espacios públicos con el respaldo de una empresa publicitaria. Esta situación ha llevado a presentar denuncias ante las autoridades municipales y acciones legales correspondientes.
Dada la gravedad del asunto, el Tribunal ha interpuesto una denuncia administrativa contra la Municipalidad. En esta denuncia se menciona que los responsables son empleados de Transportes 9 de Julio S.A., cuyo contrato fue renovado recientemente por cinco años. Además, se ha advertido sobre los vínculos directos entre esta empresa y la administración municipal, lo cual genera suspicacias sobre posibles motivaciones políticas detrás del ataque.
Un episodio adicional que ha llamado la atención fue la visita inesperada a las instalaciones del Tribunal por parte de un delegado sindical perteneciente a Transportes 9 de Julio. Este representante intentó justificar las acciones realizadas por los empleados y solicitó que no se tomaran represalias contra ellos. Desde el Tribunal interpretaron esta intervención como un intento para evitar consecuencias legales para los involucrados.
La situación en Tucumán continúa desarrollándose y plantea serias preguntas sobre las tácticas utilizadas en campañas difamatorias y métodos intimidatorios dentro del ámbito político provincial. Mientras el Tribunal sostiene ser víctima sistemática del hostigamiento, se vislumbra un entramado complejo que involucra intereses políticos, gremiales y empresariales.
A pesar de que la denuncia ya ha sido presentada ante las autoridades judiciales competentes, hasta ahora no se han tomado medidas concretas al respecto. La expectativa recae sobre si se abrirá una investigación para esclarecer estos hechos y si habrá respuestas por parte del gobierno municipal sobre su posible implicancia.