El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, ha firmado una controvertida ley que permite la expropiación de tierras sin compensación a ciudadanos blancos. Esta medida busca abordar la desigualdad en la propiedad de tierras heredada del apartheid, pero ha generado divisiones dentro del gobierno y entre la población. La nueva legislación sustituye a la Ley de Expropiación de 1975 y establece criterios específicos para la expropiación, aunque enfrenta oposición tanto del partido opositor como de grupos que defienden los derechos de la minoría blanca. El contexto social es tenso, con un creciente descontento entre los sudafricanos negros por la falta de reformas efectivas en la distribución de tierras. La implementación de esta ley podría tener un impacto significativo en el panorama político y económico del país.
El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, ha firmado una controvertida legislación que permite la expropiación de tierras por parte del estado sin compensación a ciudadanos blancos. Esta decisión ha generado un intenso debate tanto dentro de su gobierno como en el ámbito social del país.
La nueva ley se considera un paso hacia la profundización de las desigualdades en la propiedad de tierras, un legado del apartheid. Este sistema dejó a la mayoría negra con acceso limitado a tierras agrícolas, mientras que una proporción significativa sigue en manos de la minoría blanca, quienes son vistos como los más capacitados para gestionar adecuadamente estas tierras.
La legislación reemplaza a la Ley de Expropiación de 1975, que requería al estado indemnizar a los propietarios al tomar sus tierras bajo el principio de “vendedor dispuesto, comprador dispuesto”. La nueva normativa establece que la expropiación sin compensación solo podrá llevarse a cabo en circunstancias específicas, como cuando la tierra no está siendo utilizada o representa un riesgo para la seguridad pública.
A pesar de las garantías incluidas en la ley, como la prohibición de expropiar propiedades de manera arbitraria y el compromiso con el interés público, el proceso legislativo ha sido objeto de críticas. Algunos miembros del Congreso Nacional Africano (ANC) consideran este acto un “hito significativo” en la transformación del país.
No obstante, esta medida ha suscitado una fuerte oposición dentro de la coalición gubernamental. El principal partido opositor, la Alianza Democrática (DA), ha manifestado su desacuerdo, afirmando que apoya la restitución de tierras pero critica el proceso utilizado para aprobar esta ley. Por su parte, el partido Freedom Front Plus, defensor de los derechos de la minoría blanca, planea impugnar la constitucionalidad de esta legislación ante los tribunales.
Este partido argumenta que la ley amenaza el derecho fundamental a la propiedad privada, esencial para mantener la estabilidad económica del país. Además, han expresado su intención de buscar modificaciones si no logran que se declare inconstitucional.