La Fiscalía Europea ha presentado cargos en Rumanía contra un individuo y una empresa por fraude y falsificación relacionados con dos proyectos agrícolas en el condado de Giurgiu, que recibieron financiación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Los acusados habrían presentado más de 240 documentos falsificados para obtener más de 2,1 millones de euros, principalmente del presupuesto de la UE. Las investigaciones revelaron irregularidades en la construcción de invernaderos, incluyendo uno destinado al cultivo de fresas. Se han impuesto medidas cautelares, como el embargo de bienes por un valor total superior a 1,2 millones de euros. Los acusados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario en los tribunales rumanos.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Bucarest ha presentado una acusación formal contra dos implicados, un individuo y una empresa, por fraude y falsificación en relación a dos proyectos agrícolas ubicados en el condado de Giurgiu. Estos proyectos, financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (EAFRD), tienen un valor total superior a los 2,1 millones de euros.
Las investigaciones han revelado que los acusados supuestamente presentaron documentos falsificados e inexactos durante los procedimientos de contratación y al solicitar pagos para ambos proyectos. Entre estos se incluye la construcción de invernaderos, uno de los cuales estaba destinado al cultivo de fresas.
En el proyecto correspondiente a la edificación del invernadero para fresas, que se llevó a cabo entre 2018 y 2021, se sospecha que los acusados presentaron más de 130 documentos falsificados, lo que resultó en la malversación de aproximadamente 500.600 euros (RON 2.721.611), principalmente provenientes del presupuesto europeo.
Por otro lado, en el proyecto para construir otro invernadero, realizado entre 2019 y 2022, se alega que utilizaron más de 110 documentos falsificados para obtener alrededor de 1,6 millones de euros (RON 8.944.316), nuevamente mayoritariamente del presupuesto de la UE.
Para recuperar los daños causados, se han impuesto medidas cautelares que incluyen el embargo de cuentas bancarias, vehículos y bienes raíces valorados en más de 1,2 millones de euros.
A pesar de las graves acusaciones, los imputados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes en Rumanía.
La EPPO actúa como la oficina pública independiente del sistema judicial europeo y es responsable de investigar y procesar delitos que atentan contra los intereses financieros de la Unión Europea.
| Descripción | Cifra |
|---|---|
| Valor total del fraude | €2.1 millones |
| Fraude en el proyecto de invernadero para fresas | €500,600 |
| Fraude en otro proyecto de invernadero | €1.6 millones |
| Valor total de los bienes embargados | más de €1.2 millones |
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Bucarest ha presentado una acusación contra dos acusados, un individuo y una empresa, por fraude y falsificación relacionados con dos proyectos agrícolas en el condado de Giurgiu, financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (EAFRD), con un valor total de más de 2.1 millones de euros.
Los acusados supuestamente presentaron documentos falsificados e inexactos durante los procedimientos de contratación y al presentar reclamaciones de pago para ambos proyectos, incluyendo más de 130 documentos falsificados en un proyecto para la construcción de invernaderos destinados al cultivo de fresas.
En el proyecto para construir un invernadero para fresas, los acusados habrían malversado aproximadamente 500,600 euros. En otro proyecto para construir otro invernadero, se sospecha que obtuvieron alrededor de 1.6 millones de euros, principalmente del presupuesto de la UE.
Se han impuesto medidas cautelares, incluyendo la incautación de cuentas bancarias, vehículos e inmuebles por un valor total superior a 1.2 millones de euros.
Los acusados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes rumanos.
La EPPO es la oficina pública independiente del fiscal europeo responsable de investigar, procesar y llevar a juicio delitos contra los intereses financieros de la UE.