Con una economía subvencionada, el sistema contributivo más ineficaz de la Unión Europea y un modelo productivo basado fundamentalmente en el turismo, Grecia ha sobrevivido durante años a base de dinero prestado.
Conservadores y socialistas que se han turnado en el poder no hicieron esfuerzo alguno por cambiar la situación y se limitaron a pagar religiosamente intereses mientras la deuda crecía. El hartazgo ciudadano ha sido capitalizado por un movimiento de izquierda, Syriza, que llegó al Gobierno el pasado mes de enero con la promesa de romper el “círculo diabólico del crédito”.
Las instituciones europeas y los acreedores reaccionaron con una mezcla de miedo y de arrogancia. Miedo a que Grecia desbarate el negocio de la Deuda y provoque un efecto contagio en la Europa del sur; y arrogancia ante un pequeño país que ha puesto patas arriba los dogmas económicos sobre los que se asienta la moneda única.
Este es el tira y afloja al que asistimos en los últimos meses, con ultimátum y plazos de unos y otros que nunca llegan a cumplirse, en medio de una nueva Guerra Fría que sitúa a Europa al borde del abismo por el enfrentamiento entre la OTAN y Rusia.
Las cuatro reformas que tratan de imponer la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), bien podrían definirse como “Guía para estabilizar países endeudados a costa de su empobrecimiento”.
Respecto a las pensiones, los acreedores exigen recortarlas aún más, sin tener en cuenta que en Grecia están en el límite de la pobreza, con pensiones medias por debajo de los 500 euros.
Curiosamente esta semana emergía de nuevo en España el debate sobre la insostenibilidad del sistema de pensiones si sigue el ritmo actual. Es decir, escasa natalidad, aumento de la esperanza de vida y altas tasas de paro. Desde instancias oficiales se propone la “fórmula mágica” de completar las pensiones del sistema público con fondos de presiones privados. Una fórmula sutil para que una parte de los ya menguados salarios vaya a parar a la Banca en forma de cuotas mensuales.
Alexis Tsipras reconoce que el sistema de pensiones ha de reformarse y, sobre todo, retrasar la temprana edad de jubilación, pero es tajante al condicionar la reforma a la seguridad en el empleo.
En el mercado de trabajo, los acreedores imponen como condición eliminar la negociación colectiva y una nueva reducción del salario mínimo. El Gobierno heleno responde que sin convenios el mercado laboral se verá regido por la ley de la selva con salarios míseros, lo que a su vez socavará el sistema de pensiones. A menor cotización, menor pensión. Como alternativa, Tsipras propone diseñar un nuevo sistema de negociación colectiva que cumpla las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Respecto a la privatización del Estado, los acreedores exigen vender lo más rápidamente posible la totalidad de las infraestructuras (aeropuertos, puertos, servicios públicos eléctricos, etc.). El líder de Syriza se opone a que los servicios estratégicos que vertebran la economía del país y de su sociedad caigan a precios de saldo en manos de depredadores privados. Como freno, propone conservar la participación del Estado en las infraestructuras que se pongan a la venta.
Sobre un tema clave como los impuestos, los acreedores de la Deuda griega exigen hacer caja a base de incrementar el IVA por encima del actual 23% sin pararse a pensar que en un país ya empobrecido retraería aún más el consumo. El Gobierno de Tsipras contrapone que aumentar la carga impositiva espantaría el turismo, su principal fuente de ingresos. Se compromete a implantar un sistema efectivo de recaudación que evite el fraude del IVA y, con esta mejora, reducirlo algunos puntos.
Las cuatro draconianas condiciones impuestas por los acreedores tienen como objetivo que Grecia pueda afrontar a corto plazo el pago de los intereses de la Deuda, lo que ahora ni siquiera puede hacer. Lo más terrible es que nadie en Bruselas habla de reestructurar una deuda que supera los 300.000 millones de euros y que pende como una espada de Damocles sobre los 11 millones de griegos.
Economistas y analistas subrayan estos días que medidas similares llevan ensayándose en Grecia con gobiernos anteriores sin éxito alguno, y que tras el rescate de 2010 la riqueza del país siguió cayendo en picado, y la deuda subiendo.
Los gurús económicos coinciden en que las nuevas vueltas de rosca que los euronegociadores imponen a Grecia hundirán aún más el país. La desregularización del mercado laboral impondrá más sufrimiento al pueblo griego, los recortes salariales lo alejarán de competir eficazmente con el resto de Europa, y miles de jóvenes y emprendedores abandonarán en desbanda el país que les vio nacer.
Las autoridades europeas se niegan a reconocer el fracaso. Admitirlo sería tanto como minar desde dentro el proyecto europeo, y en estos cruciales momentos en los que Estados Unidos y Rusia ponen a punto sus armas a cara de perro y Putin trata de atraerse a Tsipras con dinero en abundancia, perder la pieza griega es innegociable.