La administración Biden-Harris deja un legado de abusos gubernamentales y censura, según informes de dos comités de la Cámara que revelan la manipulación de agencias federales para silenciar voces conservadoras y expandir el control estatal. Se documenta una campaña sistemática que incluye vigilancia, censura en redes sociales y el uso de fuerzas del orden contra oponentes políticos. La investigación también critica la parcialidad del Comité del 6 de enero, acusándolo de ser un juicio político manipulado. Los hallazgos plantean preocupaciones sobre la erosión de los derechos constitucionales y la integridad democrática en EE. UU. Para más detalles, visita el enlace a la noticia completa.
La administración Biden-Harris se encuentra bajo el escrutinio por dejar un legado caracterizado por abusos gubernamentales, censura y la utilización de agencias federales contra sus opositores políticos. Dos comités de la Cámara de Representantes han revelado evidencia de un abuso sistemático por parte de agencias federales, la comunidad de inteligencia y líderes demócratas, con el fin de silenciar voces conservadoras, manipular elecciones y ampliar el control del gobierno.
Los informes publicados en diciembre de 2024 por el Subcomité de Supervisión del Comité de Administración de la Cámara y el Subcomité Selecto sobre la Armaización del Gobierno Federal detallan un esfuerzo coordinado para utilizar las fuerzas del orden contra ciudadanos estadounidenses. Estos hallazgos ponen al descubierto un preocupante patrón de censura, vigilancia y acoso político que socava los principios constitucionales y plantea inquietantes interrogantes sobre el futuro de la democracia estadounidense.
El informe del Subcomité de Administración sobre el Comité del 6 de enero reveló una investigación profundamente defectuosa y partidista. La ex presidenta Nancy Pelosi violó las normas al rechazar nominaciones republicanas y seleccionar miembros afines, como la representante Liz Cheney, quien se oponía abiertamente a Trump. El comité persiguió evidencia selectivamente, ignorando información exculpatoria y organizando audiencias públicas para amplificar una narrativa ya establecida.
Por ejemplo, el comité presentó testimonios de Cassidy Hutchinson, ex asistente en la Casa Blanca, cuyas afirmaciones sobre el comportamiento de Trump fueron posteriormente desacreditadas por expertos en caligrafía y testigos presenciales. Además, se descubrió que Pelosi y altos funcionarios del Departamento de Defensa retrasaron el despliegue de la Guardia Nacional en el Capitolio el 6 de enero, a pesar de que Trump había autorizado 10,000 tropas para garantizar la seguridad.
El informe del Subcomité Judicial expuso una extensa campaña de censura orquestada por la administración Biden-Harris. Las comunicaciones internas revelaron que la Casa Blanca presionó a plataformas sociales, Amazon y otras empresas para suprimir contenido crítico hacia su gestión.
Ejemplos clave incluyen:
Punto focal: Acoso a padres: El FBI catalogó a activistas pro-vida, padres en reuniones escolares y “católicos tradicionalistas radicales” como terroristas domésticos. Un memorando filtrado propuso infiltrarse en iglesias católicas ante amenazas percibidas.
Acoso por parte del IRS: El IRS realizó visitas no anunciadas a domicilios para intimidar críticos como el periodista Matt Taibbi, quien testificó sobre censura gubernamental.
Tendencias preocupantes:
A medida que surgen estos hallazgos inquietantes sobre una posible armaización del gobierno contra sus propios ciudadanos, queda claro que estas acciones representan una erosión peligrosa de las protecciones constitucionales, así como una traición a la confianza pública.