Este mismo sábado el Ministerio de Transportes ha publicado una orden por la cual los propietarios de viviendas vacías podrán "cobrar de las ayudas al alquiler" del Gobierno si dejan que sus inmuebles sean ocupados por "víctimas de violencia de género, personas que hayan sufrido deshaucios o personas sin hogar".
Con esta medida, el Gobierno lo que pretende es que "personas vulnerables" puedan pagar con ayudas del Estado el alquiler de viviendas "de titularidad privada" y cualquier alojamiento o dotación residencial "susceptible de ser ocupada".
Así se desprende de la citada orden publicada este sábado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en la que queda modificado el Real Decreto que aprobó por el anterior Ejecutivo para regular el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
Tal y como se desprende de su artículo cuatro, la orden establece ayudas de hasta 600 y 900 euros al mes, y hasta el 100% de la renta o precio de ocupación del inmueble, para "personas vulnerables" que no dispongan de un inmueble en propiedad.
El texto obliga a las comunidades autónomas, así como a las ciudades de Ceuta y Melilla, a poner a disposición de las personas beneficiarias "una vivienda de titularidad pública".
Hasta aquí todo normal, salvo por un apunte, que es el que ha suscitado polémica: "Cuando no se disponga de este tipo de vivienda, la ayuda podrá aplicarse sobre una vivienda adecuada, de titularidad privada o sobre cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible de ser ocupada por las personas beneficiarias, en los mismos regímenes".
Esta compensación tendrá por objeto "facilitar una solución habitacional inmediata a las personas víctimas de violencia de género, a las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, a las personas sin hogar y a otras personas especialmente vulnerables".
Desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, dirigido por el socialista José Luis Ábalos, aseguran que no se trata de ningún tipo de "expropiación encubierta", si no que el objetivo no es otro que "habilitar a la Administración para contactar con un propietario privado que esté dispuesto a ofrecer la vivienda y pagarle por ella el alquiler".
Una vez se apruebe la medida, podrán obtener ayudas en este nuevo supuesto las viviendas que, de forma individualizada o en bloque, "sean adquiridas por las administraciones públicas, los organismos públicos y demás entidades de derecho público", así como las empresas públicas y las entidades del tercer sector "sin ánimo de lucro", con el fin último de "incrementar el parque público de viviendas destinadas al alquiler o cesión en uso social", concluyen.