El Gobierno argentino está a punto de privatizar 9.145 kilómetros de autopistas, incluyendo el Corredor 18, que conecta Argentina con Brasil, Paraguay y Uruguay. Este ambicioso plan busca mejorar la infraestructura vial y reducir costos logísticos, enfrentando el deterioro actual de las rutas. La licitación comenzará con un decreto inminente y se espera que las empresas sean seleccionadas por ofrecer tarifas más bajas al usuario. Además, se proyecta una segunda etapa para privatizar otros 8.470 kilómetros. La Dirección Nacional de Vialidad supervisará el proceso para garantizar calidad y transparencia. Esta iniciativa promete fortalecer la conectividad regional y mejorar la seguridad vial en el país.
El Gobierno argentino se encuentra en la fase final para lanzar un decreto que dará inicio a la licitación del Corredor 18, un tramo esencial de la red vial que conecta a Argentina con Brasil, Paraguay y Uruguay. Este movimiento representa el comienzo de un ambicioso plan que busca privatizar un total de 9.145 kilómetros de rutas y autopistas, lo que equivale al 20% de la red vial nacional, aunque esta área concentra el 80% del tránsito.
El Corredor 18 incluye las Rutas Nacionales 12 y 14, así como el Puente Rosario-Victoria, abarcando una extensión de 675 kilómetros y atravesando las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. Estas vías son fundamentales para el comercio internacional y el desarrollo regional; sin embargo, su deterioro actual ha generado altos costos logísticos y un alarmante aumento en los accidentes viales.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) ha manifestado su respaldo a este proyecto, subrayando la necesidad urgente de realizar reparaciones. En sus declaraciones, enfatizó: “El actual estado de deterioro genera un encarecimiento significativo de los costos de transporte y un alarmante aumento de accidentes viales con consecuencias fatales”.
El proceso de licitación contempla importantes novedades que buscan asegurar una gestión eficiente:
El objetivo principal es garantizar condiciones óptimas para la transitabilidad, estableciendo estándares como bache cero, señalización completa e iluminación adecuada. Durante el primer año, las concesionarias deberán mejorar las rutas antes de comenzar a cobrar tarifas actualizadas.
A continuación, se prevé una segunda etapa más ambiciosa que incluirá la privatización de 8.470 kilómetros adicionales, actualmente gestionados por la empresa estatal Corredores Viales y otras rutas no concesionadas. Esta fase comenzará con una convocatoria en febrero de 2025 y se espera que las adjudicaciones se realicen en julio del mismo año.
La Dirección Nacional de Vialidad (DNV), bajo el Ministerio de Economía, jugará un papel crucial en el control sobre estas concesiones. Sus funciones abarcarán auditorías regulares para verificar el cumplimiento de estándares establecidos y supervisar aspectos críticos como el estado de las calzadas y la seguridad vial.
La licitación del Corredor del Mercosur junto al plan general de privatización representa un cambio significativo en la gestión de la infraestructura vial argentina. Además de mejorar la conectividad con países vecinos, se anticipa que estas reformas fomenten el desarrollo económico, reduzcan costos logísticos y mejoren la seguridad vial en las principales rutas del país.
A pesar del carácter ambicioso de esta iniciativa, enfrenta el desafío fundamental de equilibrar los intereses entre las concesionarias, los usuarios y el Estado, asegurando así condiciones adecuadas para todos los involucrados a largo plazo.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 9,145 km | Total de kilómetros a privatizar |
| 20% | Porcentaje de la red vial nacional |
| 80% | Porcentaje del tránsito que estas rutas concentran |
| 675 km | Extensión del Corredor 18 |
| USD 6,100 millones | Ahorro estimado en mantenimiento |
| Abril de 2025 | Fecha de adjudicación del primer proceso de licitación |
| 8,470 km | Kilómetros adicionales a privatizar en la segunda etapa |