El Boletín Oficial del Estado ha publicado la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introduce importantes avances en la atención a las víctimas de violencia sexual. Esta normativa garantiza el acceso a la justicia y consolida derechos para las víctimas, modificando la regulación de los Juzgados de Violencia contra la Mujer y asegurando asistencia jurídica gratuita. La ley también otorga competencias al Ministerio Fiscal para coordinar acciones en violencia de género y sexual. Además, se realizan cambios en el Estatuto de los Trabajadores relacionados con despidos nulos por adaptación de jornada. Para más detalles, visita el enlace.
El Boletín Oficial del Estado ha hecho pública la aprobación de la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, un avance significativo en la atención a las víctimas de violencia sexual. Esta normativa refuerza el acceso a la justicia, consolidando los derechos y garantías para quienes han padecido este tipo de violencia, al tiempo que adapta las estructuras judiciales pertinentes.
Entre las modificaciones más relevantes se encuentra la regulación de los Juzgados de Violencia contra la Mujer y el establecimiento de asistencia jurídica gratuita para las víctimas de violencia sexual. Estas reformas se realizan en cumplimiento con lo estipulado en la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, que garantiza integralmente la libertad sexual.
La nueva ley establece que los juzgados especializados en Violencia sobre la Mujer asumirán competencias relacionadas con la violencia sexual. A través de cambios en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se asigna a estas secciones el conocimiento sobre los procesos destinados a exigir responsabilidad penal por delitos contra la libertad sexual, así como por mutilación genital femenina, matrimonio forzado y acoso con connotación sexual, siempre que las víctimas sean mujeres.
Adicionalmente, si los hechos bajo investigación también pudieran ser abordados por la Sección de Violencia contra la Infancia y Adolescencia, esta última cederá su competencia a los juzgados de Violencia sobre la Mujer.
Asimismo, se reconoce el derecho a asistencia jurídica gratuita para mujeres y menores víctimas de delitos relacionados con la libertad sexual, así como aquellos casos que involucren mutilación genital femenina o matrimonios forzados.
En otro aspecto relevante, mediante modificaciones al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, se le otorgan competencias para coordinar criterios entre diversas Fiscalías en temas relacionados con violencia de género y violencia sexual. Esto busca una actuación más efectiva y coherente ante estos delitos.
Finalmente, se introduce una modificación a la Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Esta reforma permite que las víctimas menores o personas con discapacidad puedan participar desde sus ubicaciones actuales durante el proceso judicial, recibiendo asistencia y protección adecuadas.
Por otra parte, esta Ley Orgánica también incorpora cambios al Estatuto de los Trabajadores. Se recupera el texto modificado por la Ley de Paridad respecto a despidos relacionados con trabajadores que tengan adaptaciones laborales o que estén disfrutando del permiso por hospitalización familiar. Estas modificaciones buscan combatir despidos considerados nulos en situaciones específicas.
Es una norma que busca avanzar en la atención a las víctimas de violencia sexual, consolidando derechos y garantías para ellas en el acceso a la justicia.
La ley modifica la regulación de estos juzgados para que asuman competencias en materia de violencia sexual, incluyendo la instrucción de procesos penales por delitos contra la libertad sexual.
Las mujeres y personas menores de edad que sean víctimas de delitos contra la libertad sexual, mutilación genital femenina, matrimonio forzado y acoso con connotación sexual tienen derecho a asistencia jurídica gratuita.
Se le atribuye al Ministerio Fiscal la competencia para coordinar criterios de actuación en materias de violencia de género y violencia sexual entre las diversas Fiscalías.
Los menores víctimas de violencia de género o sexual podrán intervenir desde donde se encuentren, recibiendo asistencia y protección adecuada.
Incorpora modificaciones al Estatuto para abordar despidos nulos relacionados con trabajadores que tengan adaptaciones laborales debido a situaciones familiares específicas.