Parece que los únicos objetivos que tienen nuestros gobiernos es llenar boletines oficiales con decretos que nos complican las cosas, nos suben los impuestos o nos imponen su sesgo ideológico.
Nuestro marino lleva varios días quejándose con los anuncios y globos sonda del gobierno que no para de anunciar nuevas medidas «sociales» de dudosa utilidad por las que al final nos meten la mano en el bolsillo. Esta mañana nos miró y dijo:
—Estoy harto de que me vayan a subir más los impuestos y encima lo vendan como que lo hacen por nuestro bien. Aquí solo están a la propaganda. Parece que los políticos cuando llegan al poder se olvidan de que los pusimos para que mejoraran nuestras vidas y que tuvieran en cuenta nuestras necesidades, pero todo lo están haciendo con un sesgo ideológico.
La joven profesora intervino:
—No podría estar más de acuerdo, habría que legislar en otras direcciones; dejar tanta demagogia al margen y empezar a pensar cómo podrían hacérnoslo un poco más fácil. Para empezar, no estaría mal que intentaran mejorar y simplificar las administraciones públicas.
El viejo marino la miró atentamente, soltó una sonrisa y le encasquetó una parrafada:
—Me encanta tu candidez, si hicieran eso viviríamos en otro país, pero no nos debemos rendir, y, aunque sea por mera diversión, podríamos poner encima de la mesa algunas ideas. Te propongo una que ayudaría a profesionalizar la administración pública y evitar mucha discrecionalidad. Se trata de crear el cacareado Estatuto del directivo público.
Por la cara de nuestra joven profesora parecía que eso le había gustado:
—Me parece un punto de inicio. Igual que en la empresa privada, en lo público tiene que haber una carrera profesional que atienda a los mismos supuestos: profesionalidad, conocimientos, experiencia, méritos y capacidad de gestión. Como en Francia, hasta director general todos son funcionarios. Esto nos ahorraría mucho enchufado y aportaría profesionalidad.
Intervino el marino:
—Eso ayudaría a evitar mucho mangoneo de políticos, pero ese estatuto debe contemplar la corresponsabilidad en las actuaciones, como ocurre con los directivos de las empresas privadas. Tienen que saber, para evitar arbitrariedades y displicencias, que sus decisiones si no se ajustan a derecho, pueden acarrearles consecuencias, no solo en su carrera profesional, sino también con responsabilidades penales y económicas personales. No es de recibo que a un gestor público no le afecten las mismas obligaciones que a uno privado.
—Mucho estás pidiendo —comentó entre risas la joven profesora—, pero te hago otra propuesta. El llamado «compliance penal» que surge con la Ley Orgánica 1/2015 que introdujo un cambio importante en la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero que solo afecta al sector privado ¿Por qué no a lo público?
Moviendo la cabeza el marino suelta:
—El cumplimiento de la ley debe ser para todos y las administraciones públicas tienen que dar mayor ejemplo. Por una buena gobernanza y cumplimiento de la legalidad sería una buena base para empezar a cambiar cosas. No se debería pedir a ninguna organización privada, lo que no hagan los organismos públicos. Las administraciones públicas cuentan con presupuesto y medios que carecen las pymes, incluso, entre la maraña de leyes que tenemos, pequeños empresarios hay desconocimiento de las mismas, aunque no las exima de su cumplimiento; pero esto no lo pueden alegar las administraciones públicas, aunque vemos como incumplen con sus obligaciones de transparencia, presupuestarias o de plazos. Por ejemplaridad, por claridad, por equidad con los administrados y porque manejan fondos públicos, habría que empezar a que el «compliance penal» se aplique a todas las organizaciones públicas desde las municipales al gobierno, pasando por las autonómicas. No es ético, ni estético obligar a los particulares a hacer cosas que no están dispuestos a hacer en lo público.
Siguió la joven profesora:
—¿Qué te parece si te hago otra propuesta? Volver, como antaño, a que el Silencio Administrativo vuelva a ser positivo. Este sería un buen barómetro que nos ayudaría a medir la efectividad —eficacia y eficiencia— de nuestros gestores. No es de recibo que, a estas alturas del siglo XXI, con todos los avances informáticos, con la digitalización y las tecnologías de la comunicación que nos permiten simplificar todas las tareas burocráticas y reducir los tiempos, que sigamos con los parámetros del pasado. Hay que abandonar la ventanilla, los manguitos y la visera en las oficinas públicas.
El marino prosiguió:
—Si tecnificamos la Administración y ésta liderase el cambio en las nuevas tecnologías, también abriría las puertas a la modernización de las pymes que por sí solas no pueden, por lo que ese paso sería un revulsivo. Si contamos con una administración moderna y profesional, cumplir los plazos no debería ser un reto, sino una rutina. Sería aplicar el mismo criterio que ella nos impone, porque cualquier retraso en la presentación de un documento por parte de los ciudadanos tiene consecuencias. Habría que crear una administración bidireccional.
La joven profesora estaba embalada:
—También se podría implantar la Declaración Responsable y llevarla a todos los organismos, y que la Firma digital permitiera hacer cualquier trámite que ahora tienes que hacer presencialmente ante cualquier administración. Eso significa agilidad, rapidez, evitar pérdidas de tiempo, reducción de costes, competitividad y mejora de las instituciones.
Nuestro marino concluyó:
—Tranquilízate amiga, además ahora me dirás que es ecológico y sostenible con el medioambiente, porque se reducen los papeles. Todo eso está muy bien, pero despierta que estamos en la aldea.
Entre risas, terminamos el café y nos despedimos pensando que lo mejor sería mejor que gobernaran los aldeanos.
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