El origen del conflicto está en el sistema de desarrollo profesional establecido en su convenio colectivo de 2003, asimilable a una especie de retribución variable que obligaba al ICO a dotar un 1,2% de la masa salarial para premiar el buen desempeño de las plantillas y la consecución de objetivos previa evaluación del trabajo de cada empleado.
Con la crisis, la dirección general de costes de personal de Hacienda paralizó en el año 2013 “temporalmente” su aplicación, sin que se haya restablecido todavía alegando restricciones presupuestarias, pese a las sucesivas reclamaciones e, incluso, la existencia de algún fallo judicial favorable a empleados del ICO que litigaron en los tribunales.
En su defecto solo ha venido reconociendo una mejora del 0,2% en los seis años transcurridos desde entonces como concepto de antigüedad. Según cálculos de CSIF, el ICO habría acumulado, por tanto, una deuda próxima a los dos millones de euros con unos 150 ó 160 de sus 310 trabajadores por el impago, al tratarse de una remuneración que deberían estar percibiendo todos los técnicos y administrativos del banco público.
La negativa a restablecer su abono empujó a CSIF a interponer ya finales del pasado año un recurso de alzada para iniciar un proceso contencioso administrativo contra la no aprobación de la dotación necesaria para sufragar dicha remuneración por parte de la dirección de costes dependiente de Hacienda y la CECIR.
“Todavía no tenemos respuesta y en función de lo que deparen los Presupuestos Generales del Estado, si seguimos viendo que tenemos el sistema congelado, llevaremos adelante este procedimiento, este contencioso administrativo para pelear lógicamente por nuestro derecho”, explicó a Servimedia el delegado de CSIF y presidente del Comité de Empresa en el ICO, Javier González Lapeira.
El recurso de alzada lo interpusieron contra la secretaria de Estado de Presupuestos o su dirección general de costes de personal y la CECIR, “que son los causantes de este problema porque todos los costes que genera la retribución de personal público tiene que ser aprobado por esta dirección general”, detalló Lapeira, precisando que en la dirección del ICO sí está sensibilizada con el problema y quiere resolverlo.
“Sabemos que el ICO está haciendo gestiones para que este año cambie, pero no las tenemos todas con nosotros”, indicó. El banco público es autónomo, cuenta con sus propia tesorería y gestión propia, pero necesita el visto bueno de los departamentos de costes del Gobierno en materia retributiva como el resto de empresas públicas.
La situación obliga, de hecho, al ICO a realizar provisiones de cara a su potencial desembolso y, conforme a estimaciones de CSIF, la hucha alcanzaría los 800.000 euros. Sin embargo, el problema se dispara hasta los dos millones de euros porque al gasto o retribución no satisfecha cada año habría que sumarle su revalorización anual por el incremento de la base salarial que no han disfrutado los empleados.
“En la CECIR decían que estaban sujetos todavía a la restricción presupuestaria, pero ya han pasado muchos años y el contexto este de restricción presupuestaria no viene a lugar”, sustuvo Lapeira.
Para el sindicato representativo en el ICO este argumento pierde además peso cuando otras entidades públicas empresariales, con idénticos problemas, han conseguido que se resolviese. “El problema que vemos con esta dirección de costes es que parece que las decisiones que toman son un poquito caprichosas. No toman las mismas decisiones para todas las entidades públicas empresariales, sino que en función de cómo te llames te aprueban o no te aprueban la cosa”, explicó el responsable de CSIF.
Cuando se adoptó el sistema de desempeño se copió el existente en otros organismos públicos como el del Consorcio de Compensación de Seguros, vigente desde el año 1993, y se acordó a cambio de renunciar a los trienios por antigüedad, multiplicando el perjuicio con su congelación.
Según el sindicato, habrían cobrado más de mantener los trienios y el actual el ajuste estaría detrás de la alta rotación que observa la plantilla del ICO. “Si a las personas que incorporas no las vas a poder promocionar porque desde costes de personal no autorizan los fondos, al final esta gente se va. Acaba en una fuga de talento porque ve que no tiene una carrera, no tiene un futuro en la empresa”, denunció Lapeira, que habla de injusticia añadida por el esfuerzo pedido a la plantilla en los últimos años.
La situación se topó en plena crisis con la paradoja del extraesfuerzo requerido al ICO para que mitigase el cerrojazo en el crédito bancario. En los peores años llegó a ser el sexto banco en tamaño con concesiones a pymes y autónomos de 21.500 millones de euros en financiación, además del rol que tuvo que asumir como financiador de las autonomías, ayuntamientos y los pagos a proveedores cuando no había liquidez en los mercados.