El Gobierno de España y las organizaciones sindicales han firmado un acuerdo histórico para reducir la jornada laboral semanal a 37,5 horas sin afectar el salario. Esta medida, que se implementará en 2025, busca modernizar la regulación laboral tras más de 40 años con una jornada de 40 horas. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, destacó que este cambio es fundamental para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias. Además, se establecerá un registro diario de jornada digital y se garantizará el derecho a la desconexión fuera del horario laboral. Los convenios colectivos deberán adaptarse a esta nueva normativa antes del 31 de diciembre de 2025. Para más detalles, visita el enlace: https://biblioteca.cibeles.net/gobierno-y-organizaciones-sindicales-firman-el-acuerdo-para-la-reduccion-de-la-jornada-semanal-a-375-horas-sin-reduccion-salarial/.
El Gobierno español, junto con las organizaciones sindicales Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT), ha formalizado un acuerdo que establece la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin que esto implique una disminución salarial. Este pacto se firmó el 20 de diciembre de 2024 y representa un cambio significativo tras más de cuatro décadas bajo el régimen de 40 horas semanales, vigente desde 1983.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, destacó que este acuerdo es un paso hacia la recuperación de uno de los recursos más valiosos: el tiempo. “Hoy empezamos a recuperar lo más valioso que tenemos: el tiempo”, afirmó durante la firma del documento.
Los convenios colectivos existentes deberán adaptarse a esta nueva jornada antes del 31 de diciembre de 2025. La ministra subrayó que este cambio responde a una necesidad social ampliamente reconocida y busca equilibrar las condiciones laborales en sectores como la hostelería, el comercio y la agricultura, donde aún prevalecen jornadas extensas.
Díaz enfatizó que este acuerdo no solo beneficia a los trabajadores actuales, sino que también salda una deuda histórica con aquellos que han contribuido al desarrollo del país sin recibir mejoras proporcionales en su calidad de vida. “Es un deber democrático compensar y evitar diferencias injustas”, agregó.
El acuerdo también introduce la obligación para las empresas de implementar un registro diario digital, objetivo y accesible, que garantice el cumplimiento efectivo de la jornada laboral. Este registro deberá estar disponible para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así como para los representantes de los trabajadores.
En caso de incumplimiento respecto al registro, se considerará una infracción por cada trabajador afectado. Esto incluye situaciones como la falta de registro o el falseamiento de datos.
Asimismo, se establece el derecho irrenunciable a la desconexión digital fuera del horario laboral. Las comunicaciones recibidas fuera del trabajo no podrán tener repercusiones negativas para los empleados, quienes tienen derecho a mantener su intimidad en el uso de dispositivos proporcionados por sus empleadores.
Este acuerdo marca un avance significativo en las políticas laborales en España, promoviendo un equilibrio entre trabajo y vida personal, así como mejorando las condiciones laborales para todos los ciudadanos.
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Descripción | Cifra |
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Jornada anterior | 40 horas semanales |
Nueva jornada | 37,5 horas semanales |
Fecha límite para adaptar convenios colectivos | 31 de diciembre de 2025 |
Años desde que está vigente la jornada anterior | 41 años |
El nuevo límite de horas de trabajo semanal establecido en el acuerdo es de 37,5 horas sin reducción salarial.
Las actuales 40 horas semanales están en vigor desde 1983.
Los convenios colectivos vigentes deberán adaptarse a la nueva jornada antes del 31 de diciembre de 2025.
El acuerdo establece que debe haber un registro diario de jornada digital, objetivo, fiable y accesible para garantizar el cumplimiento efectivo de la jornada laboral.
Se garantiza el derecho irrenunciable a la desconexión digital fuera del horario laboral, sin que esto conlleve consecuencias negativas para los trabajadores.
El acuerdo fue firmado por Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, así como por los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente.